SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) – El Parlamento de Canarias ha aprobado este jueves por mayoría el informe de ponencia del proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Este documento ha sido respaldado mayoritariamente por el Grupo Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), así como por la Asamblea Herreña Independiente (AHI) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), mientras que ha sido rechazado por el Partido Socialista (PSOE), Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) y Vox.
En total, el informe ha contado con el apoyo de nueve síes y seis noes en la comisión parlamentaria, lo que permite que el proyecto pase a su siguiente destino, el pleno del Parlamento canario, donde se espera su aprobación definitiva.
La comisión parlamentaria de Empleo y Turismo ha destacado que esta ley está enfocada en proteger el interés general frente a la especulación y el abuso, además de responder a la «realidad diversa de Canarias», un archipiélago compuesto por ocho islas con «singularidades» en el ámbito turístico, como La Palma, La Gomera y El Hierro, donde el turismo a «pequeña escala» es fundamental.
No obstante, desde la oposición, la diputada González (NC-BC) criticó la falta de consenso que ha acompañado a este proyecto. Denunció la carencia de diálogo durante su recorrido legislativo y advirtió que se ha adoptado un modus operandi que impone y humilla a los discrepantes. Asimismo, acusó al Gobierno de no tener intención de mejorar la ley, calificada por ella como una «alfombra roja» para los grandes intereses turísticos y como un marco normativo que castiga a los pequeños propietarios.
Una postura similar fue adoptada por el diputado Santana (PSOE), quien lamentó que la mayoría de las enmiendas propuestas por su formación no hayan sido consideradas. Se quejó de la falta de consenso, enfatizando que la ley en cuestión presenta discrepancias incluso con organizaciones como el Colegio Oficial de Economistas, que expresó su desacuerdo con las cifras presentadas para justificar el proyecto.
Apoyos al gobierno: AHI y ASG
Raúl Acosta (AHI) defendió la labor legislativa, argumentando que, a pesar de las críticas, se han realizado esfuerzos para evitar un «efecto negativo» sobre la actividad económica relacionada con el turismo. Destacó la necesidad de entender la realidad de cada isla y de otorgar a los municipios un poder decisorio sobre el modelo turístico que deseen implementar.
Por su parte, Ramos (ASG) elogió la valentía del Gobierno a la hora de abordar los retos que plantea el alquiler vacacional desde 2015. Resaltó que Canarias puede albergar dos modelos turísticos diferentes y la importancia de contar con un marco normativo que favorezca una distribución equitativa de la riqueza generada por el turismo.
La diputada Paula Jover (Vox) criticó el carácter «camaleónico» de la ley, que ha sido objeto de múltiples cambios, lo que ha generado inseguridad en su aplicación. También expresó su preocupación por el reducidísimo margen de seis meses establecido para definir los criterios de aplicación de la norma.
La voz del Gobierno
El diputado Morales (PP) celebró la aprobación de esta ley como un compromiso para actualizar y regular las normativas en relación con el turismo. Afirmó que, a través de esta norma, se busca contribuir a la solución de la «emergencia habitacional», un problema que no solo afecta al archipiélago canario.
El diputado Beato (Coalición Canaria) enfatizó que la ley responderá al crecimiento descontrolado de la oferta turística en viviendas residenciales, abordando las tensiones que esto causa en el mercado de la vivienda y en la sostenibilidad de los destinos turísticos.
En conclusión, la nueva normativa busca establecer un equilibrio entre la necesidad de vivienda digna y el desarrollo económico del turismo, proporcionando a los ayuntamientos las herramientas necesarias para regular adecuadamente esta modalidad alojativa y combatir la oferta ilegal.
