En Canarias, el servicio de apoyo del sindicato ANPE, conocido como ‘El Defensor del Profesor’, atendió el pasado curso escolar a un total de 171 docentes por casos de conflictividad escolar. Esta cifra representa la más alta en los últimos 17 años y sigue en aumento desde hace cinco años. La memoria del sindicato revela que la etapa de Secundaria concentra el 55% de los casos, donde prevalecen problemas como las dificultades para impartir clase, las amenazas y las faltas de respeto.
El coordinador autonómico del ‘Defensor del Profesor’, Domingo Rodríguez, afirma que «estos datos no responden a una realidad generalizada, pero confirman una tendencia preocupante que se está asentando» en el sistema educativo. Rodríguez añade que la conflictividad escolar no solo ha crecido año tras año, sino que los incidentes se están volviendo cada vez más complejos, afectando de manera significativa al profesorado.
Recientemente, se ha constatado un aumento en las agresiones físicas hacia los docentes y en los casos de ciberacoso. Además, se destaca un repunte en la etapa de Primaria, con un aumento del 18% en los incidentes en comparación con el curso anterior. En este nivel, muchos conflictos surgen a raíz de las interacciones con las familias, incluyendo denuncias infundadas, presiones para modificar notas y agresiones protagonizadas por padres y otros familiares.
Impacto en la salud emocional
El impacto de estos incidentes es palpable, afectando la salud emocional de los docentes. Más de la mitad de esos 171 profesores atendidos presentaron síntomas de ansiedad. Aproximadamente el 15% sufrió episodios de depresión, y un 26% tuvo que solicitar la baja médica debido a problemas relacionados directamente con la conflictividad escolar. Estas estadísticas indican un problema serio de salud laboral que no puede ser ignorado.
Factores que contribuyen a la conflictividad
Rodríguez identifica varios factores que contribuyen a este deterioro del clima escolar. Entre ellos se destacan:
- Las ratios elevadas de alumnos por docente, que dificultan la atención personalizada.
- La sobrecarga burocrática, que resta tiempo al trabajo educativo y genera estrés constante.
- La escasez de especialistas y personal de apoyo, especialmente en orientación educativa, auxiliares y personal administrativo.
Reclamaciones del sindicato
Ante esta situación, ANPE Canarias ha hecho un llamado a la administración educativa para que tome medidas de manera «decidida». El sindicato considera crucial continuar reforzando las plantillas de docentes y reducir las ratios en todas las etapas educativas. También se pide una simplificación de la burocracia que afecta al profesorado y una mejora significativa en la dotación de orientadores y personal de apoyo en los centros.
Además, ANPE solicita que los problemas de salud mental derivados de la conflictividad escolar sean reconocidos como enfermedades profesionales, y que se garantice un acceso más rápido y eficaz a apoyo psicológico y asistencia jurídica. Rodríguez concluye que «sin mejores condiciones laborales, sin recursos suficientes y sin un apoyo institucional claro, no puede haber convivencia positiva ni una educación de calidad».
