MADRID, 29 de marzo. (EUROPA PRESS) – El Partido Popular (PP) ha presentado una proposición no de ley en el Congreso exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que endurezca el protocolo contra las agresiones, el acoso y la violencia sexual que enfrentan a diario las funcionarias de prisión. Esta iniciativa condena el exhibicionismo y las solicitudes de relaciones sexuales en el entorno penitenciario.
El PP señala que las trabajadoras penitenciarias se enfrentan a provocar comportamientos de exhibicionismo, comentarios y amenazas de contenido sexual, tocamientos, intimidaciones e incluso agresiones consumadas, sin contar con herramientas adecuadas para abordar el acoso o la violencia perpetrados por internos.
En su exposición, destacan que el protocolo actual contra el acoso sexual y la discriminación por razón de sexo, vigente desde marzo de 2024, no considera la protección de las trabajadoras de prisiones frente a conductas violentas por parte de internos.
Desprotección institucional
El PP critica que la falta de un protocolo específico envía un mensaje de «desprotección institucional», lo que, según ellos, «favorece la infradenuncia y genera una doble victimización».
Los diputados de Alberto Núñez Feijóo afirman que la respuesta administrativa ante estas situaciones es «tardía, insuficiente o inexistente», describiendo esta situación como «una forma de violencia institucional incompatible con un Estado social y democrático de derecho».
El Partido Popular sostiene que las cárceles en España no deben convertirse en un entorno que debilite los derechos a la seguridad, integridad e igualdad de las mujeres trabajadoras. Es crucial, afirman, que se apruebe un protocolo específico que proteja a las funcionarias penitenciarias de agresiones, acoso y violencia sexual por parte de internos. Este protocolo debe incorporar la perspectiva de género en la gestión de la seguridad penitenciaria, situando la protección de las mujeres en el centro de la acción pública.
Además, instan al Ejecutivo a que el protocolo no solo aborde la gestión de los incidentes, sino que incluya medidas de prevención y detección temprana. También piden que los planes de prevención de agresiones, como el PEAFA, contemplen las agresiones sexuales y sexistas.
Medidas de protección y disciplinarias
En su propuesta, el PP sugiere varias medidas de protección «inmediata» para las víctimas, tales como la separación del agresor, su traslado o aislamiento; así como medidas disciplinarias que tipifiquen como sancionables las conductas sexistas y de violencia sexual dirigidas a trabajadoras penitenciarias. También proponen medidas de apoyo psicológico y asesoramiento jurídico.
El PP también considera necesario designar en cada centro penitenciario a una persona responsable de la coordinación, seguimiento y comunicación con la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal, cuando sea apropiado.
Por último, el PP aboga por modificar la legislación para que las agresiones sexuales contra funcionarias de prisiones sean consideradas modalidades delictivas agravadas. Además, buscan tipificar como delitos comportamientos de naturaleza sexual que, en otros contextos de la vida social, no tienen tal consideración, incluyendo el exhibicionismo y la solicitud de relaciones sexuales.
