TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) – El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado este martes el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha 2026, que asciende a 12.903 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,5% respecto a 2025, sumando 187,2 millones más que en el ejercicio anterior. Este aumento tiene como objetivo consolidar el gasto social, mantener el equilibrio presupuestario renunciando a la adquisición de nueva deuda y reducir la presión fiscal en los sectores más desfavorecidos.
En una comparecencia de prensa, Ruiz Molina explicó que el presupuesto no financiero, una vez descontados los fondos MRR de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, asciende a 10.777.000 euros, lo que resulta en un aumento de 720,9 millones con respecto al año pasado, equivalente a un incremento del 7,2%. Estos presupuestos ya han iniciado su trámite parlamentario tras ser registrados en las Cortes de Castilla-La Mancha, con la expectativa de que entren en vigor el 1 de enero de 2026. Además, comparten los objetivos del fortalecimiento de la cohesión social, la incentivación del crecimiento económico, el impulso de la sostenibilidad y la competitividad de las empresas, así como un avance significativo en la lucha contra la despoblación.
Ruiz Molina también se refirió a la solidez de las cuentas públicas, respaldadas por la «normalidad y estabilidad política e institucional» de Castilla-La Mancha, en contraposición a la «incertidumbre nacional». En este contexto, aún no se ha concretado el Presupuesto General del Estado ni los objetivos de déficit.
Asimismo, el consejero resaltó que las previsiones de estas cuentas están sustentadas por los datos más recientes sobre la calificación crediticia de Castilla-La Mancha emitida por Moody’s y Fitch, así como la valoración del Banco de España, que clasifica a la comunidad como la tercera que más ha reducido su deuda en relación con el PIB. Además, las cifras del INE colocan a la región como la tercera que más ha crecido desde la pandemia, con la menor tasa de desempleo desde 2008. «Todo esto respalda el índice de confianza empresarial que lidera Castilla-La Mancha», concluyó el titular de Hacienda.
MÁS GASTO SOCIAL
Analizando más detalladamente los presupuestos, en el área vinculada al gasto social, el proyecto contempla inversiones por un total de 7.555 millones de euros, lo que supone un incremento de 3.054 millones desde 2015. Por otro lado, el gasto en desarrollo económico alcanza los 3.232 millones, lo que suma 1.356 millones más desde 2015.
Ruiz Molina destacó que las cuentas de 2026 «permitirán la incorporación de más profesionales, infraestructuras, equipamientos, servicios y ayudas», teniendo en cuenta que los sectores destinados a sanidad, educación y servicios sociales representan el 72% del presupuesto total. De esta cantidad, el 38,9% corresponde a Sanidad, el 23,4% a educación, cultura y deportes y el 9,7% a servicios sociales.
En el área de Sanidad, se asignará un presupuesto de 4.058 millones de euros, lo que representa un aumento del 7,5%. El objetivo es ampliar las plantillas y potenciar el plan de infraestructuras sanitarias, incluyendo proyectos vinculados al nuevo hospital de Puertollano y a las áreas asistenciales de Albacete y Guadalajara. También se busca mejorar la capacidad resolutiva de la atención primaria, apoyar la red de atención en salud mental y promover la prevención mediante el incremento del calendario de vacunas y el cribado neonatal.
Para educación, se han reservado 2.487 millones de euros, un 5,3% más, con la meta de reducir las ratios y mejorar el horario lectivo, ampliar la gratuidad de dos a tres años, crear más plazas de transporte escolar, abrir nuevos centros educativos y fomentar la formación profesional e inclusión educativa.
En cuanto a los servicios sociales, se han presupuestado 1.010 millones de euros, lo que corresponde a un incremento del 7,7%. Estos fondos están destinados a aumentar la red de recursos asistenciales, potenciar la atención a la dependencia, consolidar el plan de autonomía digital, ampliar el número de servicios de atención temprana y aumentar las plazas de termalismo y turismo social.
MÁS RIQUEZA Y EMPLEO
Ruiz Molina también enfatizó la relevancia que se ha otorgado al área de generación de riqueza y empleo, para la cual se han reservado 3.232 millones de euros. El enfoque es fomentar la actividad empresarial, modernizar el tejido productivo, impulsar el empleo, apoyar al sector primario, acelerar la transición ecológica y la transformación digital, facilitar la movilidad y promover un parque inmobiliario asequible para los jóvenes.
En este sentido, cobran especial importancia las «políticas transversales» contra la despoblación, para las que se han asignado 2.116 millones de euros, con una inversión que ha aumentado en un 23,5% desde 2023, lo que se traduce en 402 millones más, según puntualizó el consejero.
En lo que respecta a los gastos por capítulos, excluyendo los fondos de la UE, Ruiz Molina destacó que el 42,8% de los gastos están reservados para la remuneración de personal, que ascenderán a 4.464,5 millones de euros. Las operaciones de capital, que alcanzan los 1.560 millones de euros, permitirán un mayor volumen de inversión en infraestructuras y sectores productivos, habiéndose incrementado el esfuerzo en 950 millones más desde 2015, lo que representa un aumento de 2,5 veces.
SIN MÁS DEUDA
En referencia al gasto por secciones, el consejero destacó el aumento de las asignaciones a la Consejería de Desarrollo Sostenible, a la Consejería de Economía y Empresas, y a la Consejería de Fomento. Asimismo, se prevé que el total de ingresos no financieros ascienda a 11.494 millones de euros, con un 68% proveniente del sistema de financiación autonómica y una reducción del 31% de los pasivos financieros, ya que no se prevé recurrir a nuevos préstamos, aparte de la refinanciación de la deuda pública existente.
Además, subrayó el esfuerzo en deducciones para propiciar un ahorro fiscal de 390 millones de euros para los sectores más vulnerables. Las desgravaciones y el ahorro fiscal representarán un total de 84 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda, 60 millones en incentivos contra la despoblación y 22 millones de euros para ayudas a personas con discapacidad. «Desde 2015, se han invertido 211 millones de euros más, lo que implica un incremento del 118,5%», enfatizó el consejero.
Por último, Ruiz Molina manifestó sentirse «especialmente orgulloso» de estas cuentas y espera también contar con las «aportaciones» del Partido Popular y Vox en su aprobación.
