El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presentado hoy, 13 de noviembre de 2025, el proyecto de presupuestos para 2026 ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León. Este documento alcanzará un total de 1.071,4 millones de euros, marcando un incremento del 23,62 % respecto al ejercicio anterior. A esta suma se añaden 102 millones para suelos industrial y residencial, elevando el total a 1.173 millones de euros, lo que lo convierte en el mayor presupuesto en la historia de la Consejería.
El presupuesto propio de la Consejería asciende a 663,3 millones, mientras que su sector público —compuesto por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) y la Fundación Patrimonio Natural (FPN)— gestionará 408 millones. En conjunto, el área representará el 5,1 % del gasto total por consejerías, consolidándose así como una de las de mayor peso inversor en la Comunidad.
Del volumen total, más del 77 % (812 millones) se destinará a proyectos de inversión en el territorio. Esto refleja el compromiso de la Junta de Castilla y León con el desarrollo sostenible, el apoyo al medio rural y la mejora de la calidad de vida de las familias.
Las cuentas de 2026 refuerzan los ejes estratégicos de la Consejería: el acceso a la vivienda, la modernización de infraestructuras ambientales, la gestión sostenible del patrimonio natural y la mejora operativa en la prevención y extinción de incendios forestales, así como del sistema de emergencias, siempre considerando el reto demográfico y la cohesión territorial.
Vivienda, Arquitectura, Urbanismo y Ordenación del Territorio: 278 millones para apoyar a las familias, los jóvenes y el medio rural
El área de Vivienda, Arquitectura, Urbanismo y Ordenación del Territorio contará en 2026 con 278 millones de euros, lo que representa un 88 % más que en el último presupuesto aprobado. Si se suman las iniciativas de suelo industrial y residencial, la dotación total alcanzará 380,5 millones, reflejando el mayor esfuerzo inversor en la historia autonómica en esta materia.
La vivienda será un pilar fundamental del presupuesto, con 262,5 millones destinados a políticas de alquiler, promoción de vivienda pública y mejora de eficiencia energética:
- Se destinarán 137,8 millones al incremento del parque público de viviendas, a través de programas como Rehabitare y la promoción de viviendas protegidas para jóvenes en el medio rural.
- Para ayudas al alquiler se asignarán 44,5 millones, garantizando que todos los solicitantes que cumplan los requisitos reciban su prestación. Este compromiso se extenderá, pudiendo llegar a 56 millones si se amplía la dotación.
- Se invertirán 79,7 millones en la rehabilitación energética y conservación del parque residencial, tanto público como privado.
- Incluirá nuevos mecanismos de aseguramiento del cobro de la renta a propietarios a cambio de alquiler asequible y ayudas a la rehabilitación privada en el medio rural.
En el ámbito de Arquitectura, se destinarán 8,4 millones para la recuperación del patrimonio arquitectónico, destacándose acciones en el Museo de la Semana Santa de Zamora y la rehabilitación de viviendas afectadas por incendios en Las Médulas (León).
Asimismo, Urbanismo y Ordenación del Territorio contará con un presupuesto de 6,4 millones para la aprobación de Normas Urbanísticas Territoriales y actuaciones de dinamización demográfica.
Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental: 272 millones para avanzar en la transición energética, el ciclo del agua y la economía circular
El área de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental contará en 2026 con 272,3 millones de euros, un 38 % más que el año anterior, con el objetivo de avanzar hacia una economía descarbonizada y sostenible.
Entre las acciones destacadas está la inversión de 73,2 millones en clima y nuevos retos energéticos, de los cuales 68,5 millones se destinarán al impulso de redes de calor con biomasa forestal, así como a la eficiencia energética en edificios públicos y privados.
Además, para la gestión de residuos se asignarán 37 millones, que permitirán completar la red autonómica de puntos limpios y modernizar centros de tratamiento, entre otros.
Respecto al ciclo del agua, se destinarán 146 millones para obras de abastecimiento, depuración y eficiencia hidráulica, lo que representa un 54 % más que en el presupuesto anterior, con actuaciones en 200 núcleos de población.
Patrimonio Natural y Política Forestal: 292 millones para proteger los bosques, conservar la biodiversidad y fortalecer el operativo contra incendios
La Junta reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio natural y el impulso del sector forestal, destinando 292,67 millones de euros, de los cuales 258,57 millones corresponden a la Dirección General de Patrimonio Natural.
Se destinarán 222,7 millones para intervenciones directas en el ámbito forestal, priorizando la prevención y extinción de incendios, así como la modernización de herramientas digitales de gestión. Además, se asignarán recursos a la dinamización económica del sector.
En el ámbito de conservación y promoción del patrimonio natural, se presupuestan 70 millones para proyectos ejecutados por la Dirección General y la Fundación Patrimonio Natural, incluyendo subvenciones a ayuntamientos y actuaciones de conservación de especies amenazadas.
Protección Civil y Emergencias: 21 millones para reforzar la capacidad operativa y la atención a los ciudadanos
La Agencia de Protección Civil y Emergencias contará en 2026 con 21,16 millones de euros, un 25 % más que en el ejercicio anterior, con el fin de consolidar un modelo integral de gestión de emergencias.
El presupuesto permitirá mejorar la dotación del Centro Coordinador de Emergencias (CCE) y reforzar la estructura para garantizar atención permanente, además de invertir en la renovación del parque móvil y en formación del personal voluntario.
Este impulso avanza en la construcción de un sistema de protección civil moderno, centrado en la prevención y seguridad ante cualquier emergencia, lo que refleja el compromiso de la Junta con la protección y el bienestar de los ciudadanos de Castilla y León.
