ZARAGOZA, 21 sep. (EUROPA PRESS) – El concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Guillermo Ortiz, ha acusado al Gobierno de Natalia Chueca de eludir cualquier responsabilidad sobre el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) y le ha reclamado un mayor control sobre las licencias ambientales clasificadas.
Tras los últimos incendios registrados en el polígono situado en el barrio rural de La Cartuja, el último de ellos hace tan solo unos días, Ortiz ha criticado que, una vez más, el PP «eche balones fuera» hacia la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y el Gobierno Central, exigiendo al PP un mayor control sobre las licencias ambientales clasificadas, que son las que regulan las actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas de las empresas.
En la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza celebrada esta semana, Ortiz recordó la sucesión de incendios no intencionados registrados en el PTR. Aunque reconoció que ninguno de ellos es «achacable» al Gobierno municipal, le reprochó su «despreocupación» hacia los vecinos de La Cartuja.
Además, mencionó que la Consejería de Participación, a través de Alfonso Mendoza y Paloma Espinosa, sí contactó al alcalde de La Cartuja, José María Lasaosa, para realizar un trabajo «exclusivamente de empatización». Sin embargo, Ortiz reprochó al PP su actitud y su «falta de voluntad» para ayudar, al «ponerse la tirita antes que hacerse la herida» y solo ofrecer que el alcalde de La Cartuja reclamase a la DPZ y al Gobierno de España.
El concejal socialistas consideró que el Gobierno del PP había echado balones fuera sobre esta cuestión y lo calificó como un «ejercicio de mala política». Resaltó que la Diputación Provincial de Zaragoza «ya hizo sus deberes» al reforzar el plan de mantenimiento de cunetas, incrementando su frecuencia de cada seis meses a mensual. Mientras tanto, Ortiz subrayó que la subdelegación en Zaragoza del Gobierno de España «ha aumentado la vigilancia del transporte por carretera en el acceso a este polígono a través de la DGT y de la Guardia Civil».
Ortiz censuró al Consejero de Economía por no haber mantenido ninguna comunicación con el alcalde del barrio rural, ni haber asegurado que el Gobierno de Natalia Chueca tenga al día todas las licencias ambientales clasificadas «para las actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas de las empresas». El edil socialista anunció que registrará una petición para conocer el número de dichas licencias.
Asimismo, criticó que no se sepa si el Ayuntamiento ha instado al INAGA a tomar las acciones necesarias con las licencias ambientales integradas. «Y, sobre todo, si este Consistorio, en el marco de las relaciones institucionales con la DGA y la afinidad que siempre dicen tener con sus compañeros en el Gobierno Autonómico, ha solicitado una cuantificación de daños ambientales», concluyó.
