El diputado del PSOE en las Cortes de Aragón, Daniel Alastuey, ha solicitado al Gobierno autonómico que restituya las políticas de memoria democrática. Según Alastuey, la derogación de la legislación que regulaba estas políticas ha llevado a un clima de «banalización» de las víctimas de la dictadura franquista y de la Guerra Civil, permitiendo que algunas personas se sientan autorizadas a vandalizar los símbolos dedicados a recordar a estas víctimas.
El parlamentario socialista se ha referido específicamente a la aparición de pintadas en varias placas con nombres de víctimas en la comarca turolense de Gúdar-Javalambre, placas que han sido restauradas por la Asociación Pozos de Caudé, a la que agradeció su esfuerzo. Sin embargo, también subrayó que la responsabilidad de cubrir los gastos de reparación debería recaer en el Gobierno de Aragón.
En una rueda de prensa, Alastuey recordó que el Partido Popular (PP) aprobó los presupuestos de 2024 a costa de derogar la Ley de Memoria Democrática, normativa destinada a dignificar el recuerdo de todas las víctimas de la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Esta derogación fue anunciada el mismo día del aniversario de la muerte de Franco, según señaló Alastuey.
Plan de Concordia como sustituto
El diputado indicó que la derogación de la ley fue sustituida por un Plan de Concordia que, según él, ha resultado ser «humo», ya que no se conocen acciones concretas que se hayan implementado bajo este plan. De hecho, Alastuey argumentó que lo que este Plan realmente ha logrado es «banalizar la memoria de las víctimas». Recordó que uno de sus objetivos era la derogación de todas las normas que exaltaran regímenes democráticos anteriores a la Constitución de 1978, incluyendo la Segunda República Española.
Alastuey aseveró que situaciones como estas hacen que quienes tienen ideologías ultraderechistas se sientan con autoridad para burlarse de los símbolos de esas víctimas.
Iniciativas parlamentarias
Daniel Alastuey anunció que el Grupo Socialista presentará iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno de Jorge Azcón que dé explicaciones sobre las políticas que está llevando a cabo y para que retome las políticas de memoria. En primer lugar, afirmó que quieren saber en qué se gasta el Ejecutivo autonómico el dinero que dice dedicar a la concordia y a la memoria democrática, especialmente en un contexto de incremento presupuestario del 10% que incluye financiamiento del Gobierno de España para esta área.
El diputado destacó que, en 2024, Aragón recibió 126.000 euros, y que en 2025 se prevé una recepción de 144.000 euros, lo que sumado a sus 110.000 euros previos, totaliza cerca de 250.000 euros en ambos ejercicios. Alastuey mencionó que la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) destina el doble de esa cantidad.
Así mismo, demandará información sobre los distintos planes de concordia y su cumplimiento, enfatizando que sospechan que el resultado será un «folio en blanco», dado que las acciones del Gobierno de Aragón han sido percibidas como una mera cortina de humo para justificar la derogación de la Ley de Memoria Democrática.
Además, el PSOE solicitará que se reconozca nuevamente el papel histórico que han jugado las asociaciones memorialistas en el recuerdo de todas las víctimas de violencia durante la Guerra Civil y, en especial, del franquismo.
La declaración de Alastuey concluyó con un llamado a que el Gobierno de Aragón deje de engañar a los aragoneses y se haga responsable de las políticas de memoria, facilitando un futuro para aquellas asociaciones que mantienen viva la memoria histórica.
