El Síndic de Greuges de Catalunya ha emitido una alerta sobre la situación de los jóvenes extutelados en la región, destacando que un porcentaje significativo de estos jóvenes se queda excluido de las ayudas y recursos disponibles. Según los datos presentados, en 2024, el 23,3% de los jóvenes extutelados de entre 18 y 23 años eran perceptores de la prestación económica del Área de Apoyo al Joven Tutelado y Extutelado (Asjtet), mientras que tan solo el 20,6% accedía a recursos residenciales.
Durante la presentación del informe titulado ‘El apoyo a la emancipación de jóvenes extutelados’, la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, destacó que hay perfiles «muy vulnerables» que quedan al margen de las prestaciones. Giménez-Salinas abogó por una simplificación de los trámites burocráticos y por una mejora en los controles para garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan.
Uno de los problemas identificados radica en que muchos jóvenes no solicitan la prestación o no cumplen con los requisitos. La Síndica propuso que estos criterios deberían ser más «flexibles» para facilitar el acceso a los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. También defendió la importancia de permitir la compatibilidad con el trabajo.
El informe revela que, de los 2.776 jóvenes tutelados que alcanzaron la mayoría de edad en 2023, solo 1.388 decidieron darse de alta en la Asjtet, lo que pone de manifiesto la necesidad de revisar los procesos de solicitud y acceso a estas ayudas.
DENEGACIONES Y RETRASOS
En cuanto a las denegaciones de solicitudes, se informó que en 2021 se rechazaron el 45,5% de las peticiones de acceso a las prestaciones económicas, cifra que ha mejorado un poco al 34,9% en 2023. Esta situación, según el informe, se debe no tanto al incumplimiento de requisitos, sino a las dificultades que enfrentan los jóvenes para tramitar las solicitudes adecuadamente.
La Síndica criticó que el tiempo medio de resolución de dichas solicitudes supera los 10 meses, un periodo en el que los jóvenes no tienen garantizadas sus necesidades básicas. Además, enfatizó que el proceso de extinción de las ayudas es «lento», lo que impacta negativamente en el acceso a otras prestaciones y puede generar incompatibilidades.
Aida Rodríguez, Adjunta de Infancia del Síndic, mencionó la fragmentación y externalización de la gestión de las prestaciones, lo que provoca dificultades de coordinación entre distintas unidades. Destacó la falta de herramientas y profesionales adecuados, así como la falta de claridad en los criterios de acceso a las prestaciones.
Rodríguez también advirtió sobre «déficits de gestión importantes» y pidió que las externalizaciones se realicen garantizando trazabilidad, transparencia e independencia en los procesos.
PAGOS INDEBIDOS
La Síndica también se refirió a los posibles pagos indebidos a extutelados, que fueron reportados por jóvenes afectados. Las cantidades reclamadas por la Administración oscilaron entre 6.800 y 36.400 euros. En respuesta a esta problemática, Mónica Martínez Bravo, consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, anunció la semana pasada la intención de condonar dichas deudas «para que las consecuencias no las paguen los más vulnerables».
RECOMENDACIONES
En sus conclusiones, la Síndica recomendó una reducción «urgente» de los tiempos de tramitación y una mayor interoperabilidad de los datos en la Administración, un objetivo que la Conselleria ya ha incluido en su plan de transformación. Así mismo, propuso simplificar tanto los requisitos como los circuitos de gestión, asegurando al mismo tiempo un seguimiento socioeducativo «efectivo» y una adecuada protección legal, además del acompañamiento por profesionales que puedan alertar sobre irregularidades.
El informe también sugiere que las prestaciones a extutelados sean incluidas dentro de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), bajo la condición de cumplir un plan de acompañamiento que apoye su integración y desarrollo.
