MADRID, 3 de diciembre de 2023 (EUROPA PRESS) – La Sala de Apelación del Tribunal Supremo (TS) ha avalado la decisión del instructor Leopoldo Puente de dividir sus pesquisas sobre el ‘caso Koldo’ para investigar aparte los presuntos amaños de obra pública. Esta decisión fue rechazada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien argumentó que sus alegaciones «nada tienen que ver» con la apertura de la pieza separada.
Ábalos se opuso a la decisión de Puente de abrir una pieza separada para indagar en las presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública, lo cual permitiría avanzar en la pieza principal relacionada con supuestas ilegalidades en los contratos otorgados por el Ministerio de Transportes para la compra de material sanitario durante la pandemia.
El instructor explicó que esta división era necesaria para continuar la investigación a dos velocidades, dado que la indagación sobre las obras públicas estaba en fase embrionaria, mientras que el resto estaba significativamente más avanzada. Poco después de dividir la causa, propuso juzgar a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por la compra de material sanitario. Los dos primeros se enfrentan a penas de hasta 30 años de prisión, mientras que para el presunto conseguidor, la Fiscalía y las acusaciones piden 7 años de cárcel.
La Sala de Apelación considera que los motivos de Puente para disociar la parte relacionada con la obra pública son suficientes. Reprochan a Ábalos que «todas las quejas» que plantea «cuestionan no las razones para la formación de la pieza separada, sino la suficiencia del material indiciario» que respalda los diferentes hechos de la causa especial.
Los magistrados indican que solo este motivo sería suficiente para rechazar su recurso «sin mayores razonamientos», pero se detienen también en otros reproches de Ábalos al indicar que su defensa «realiza una serie de alegaciones que nada tienen que ver» con la apertura de una línea de investigación separada y que ya han sido rechazadas en resoluciones anteriores. Ábalos denuncia que «se ha ido obteniendo información sobre hechos ajenos a lo que se estaba investigando» mediante «técnicas excepcionales de investigación», como la interceptación de comunicaciones y la incautación indiscriminada de documentación.
Además, se le recrimina haber criticado un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su economía, finanzas y patrimonio, que ni siquiera se había presentado en el momento en que formuló el recurso de apelación que ahora se desestima. Ábalos llegó a declarar que no se había encontrado «nada extraño» que lo pudiera incriminar.
La Sala responde: «Sin duda la lectura del informe de 3 de octubre de 2025 le va a dificultar mantener tan concluyente afirmación». En dicho informe, al que Ábalos tuvo acceso, la UCO indicaba la existencia de una fuente de ingresos desconocida que García gestionaba en su favor.
La «credibilidad» de Aldama
Los magistrados también abordan el ataque a «la credibilidad de Aldama, tantas veces cuestionada». No obstante, la Fiscalía y las acusaciones populares han considerado esto al formular sus escritos de acusación, solicitando únicamente 7 años de prisión por su «confesión», que sacó a la luz la presunta trama de amaños en obras.
La Sala afirma: «Tiempo habrá para valorar sus afirmaciones y su concordancia con el resto del material probatorio que se va acumulando», destacando que esa concordancia «parece evidente que ya se viene produciendo».
Asimismo, se desestiman las sospechas planteadas por Ábalos sobre las grabaciones realizadas por Koldo entre 2019 y 2023 de sus conversaciones con él o con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, las cuales constituyen pruebas clave de la causa.
Finalmente, la Sala también rechaza las explicaciones de Ábalos en relación con el chalet de La Alcaidesa (Cádiz) y el alquiler de la vivienda de su expareja, Jéssica Rodríguez. Estas operaciones inmobiliarias son señaladas por el instructor como presuntos pagos en especie de la trama, al igual que «el sobre intervenido por la Guardia Civil que iba dirigido al exministro».
