MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) –
El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sentarán en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo a partir de este martes por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
Tanto Ábalos como Koldo se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre y se declaran inocentes, asegurando en sus escritos de defensa que no cometieron ningún delito.
Pese a su defensa, el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, sostiene que Ábalos, Koldo y Aldama «convinieron» aprovecharse del cargo del entonces ministro, que ocupó desde junio de 2018, para «favorecer», a cambio del correspondiente beneficio económico, la contratación con la Administración «en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captarían y promoverían» el empresario. Todo ello, según Luzón, con «ánimo de enriquecimiento».
En su escrito de acusación, Anticorrupción remarca que los tres «acordaron la futura comisión de delitos conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando». Destaca que contaban con el «apoyo puntual o continuo» de otras autoridades y funcionarios de Transportes, así como de personas del entorno empresarial de Aldama y familiares de Koldo.
El fiscal enfatiza que la presunta organización nació «con innegable vocación de permanencia en el tiempo», operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que, sin embargo, partían de una misma estructura que comenzó a debilitarse tras la salida de Ábalos y Koldo de Transportes en julio de 2021.
Esta «cohesión», según Luzón, no solo se evidenció en la comisión de diferentes delitos, sino también en la «facilitación» a Aldama de una «interlocución privilegiada» en sus relaciones con el Ministerio de Transportes y otros departamentos ministeriales, así como con diferentes administraciones públicas.
La Fiscalía solicita en su escrito de acusación 24 años de cárcel para Ábalos y 19,5 años para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, reclama el pago de una multa de 3.800.000 euros.
Por su parte, para Aldama se piden 7 años de prisión y una multa de 3.700.000 euros por los primeros delitos, de los que se declaró culpable, lo que le aplica la atenuante de confesión.
Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular (PP), reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para Aldama piden la misma pena que la Fiscalía.
«EL JEFE» Y EL «ALTER EGO»
Según el relato del Ministerio Público, cada uno de los acusados asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un reparto de funciones que resultó muy eficaz, siendo Koldo y Aldama definidos como quienes «consideraban» a Ábalos como «el jefe».
Luzón indica que el exministro aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y su directa influencia cuando era necesaria. Para el resto de funciones, se valía de Koldo como «su hombre de confianza».
La Fiscalía señala que Koldo se convirtió «más en asistente que en asesor», ya que desempeñó para Ábalos diversas tareas de índole tanto profesional como personal, lícitas e ilícitas, antes y después de su etapa ministerial de tres años.
«Koldo García fue el ‘alter ego’ de José Luis Ábalos durante su mandato en el Ministerio, hasta el punto de que en el mismo se sobreentendía que Koldo era el fiel transmisor de las decisiones y deseos de Ábalos», describe Luzón. Se señala que Koldo manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, actuando «de facto» como testaferro en actividades delictivas que ambos emprendieron con la colaboración de Aldama.
LA «INTERLOCUCIÓN PRIVILEGIADA DE ALDAMA»
Aldama, considerado el «presunto conseguidor», es descrito por Anticorrupción como un empresario español con intereses en varias sociedades de diferentes sectores, como el inmobiliario, el hostelero y la venta de hidrocarburos, con un «acceso preferente» al exministro.
Dicha «interlocución privilegiada» le permitió conocer las necesidades de compra de material sanitario durante la pandemia, localizar la empresa adecuada y confeccionar la oferta idónea para capturar contratos, tanto en el propio Ministerio como en administraciones canaria y balear.
La Fiscalía asegura que Aldama «era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier gestión con la administración, articulando sus intereses» para hacerlos valer ante ella, siempre a cambio de una prestación económica de la que también hacían partícipes a Ábalos y Koldo.
Luzón detalla presuntas contraprestaciones recibidas de Aldama, comenzando por «el pago continuado de elevadas cantidades de dinero» de 10.000 euros mensuales, además de alquileres de casas para ellos o sus parejas, algunas de estas contratadas por empresas públicas.
MÁS DE 70 TESTIGOS
El juicio se llevará a cabo en el Salón de Plenos del Supremo, el mismo espacio que acogió las sesiones contra los líderes del proceso independentista catalán, a lo largo de 13 sesiones desde el 7 de abril hasta el 30 de abril. Más de 70 testigos comparecerán ante el tribunal, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.
Entre los testigos estarán el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, quienes durante la pandemia presidieron comunidades autónomas que adquirieron mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama. El tribunal ha autorizado que declaren por escrito, sin acudir presencialmente, como les permite la ley.
Los tres acusados declararán al final del juicio, previsiblemente el 28 de abril. Para el primer día están previstos como testigos un hijo de Ábalos, un hermano de Koldo, varios socios de Aldama y una expareja del exministro, Jéssica Rodríguez.
Entre otros, también testificarán varios ex altos cargos de Transportes como la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, empresarios y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron la presunta trama.
Los magistrados que llevarán a cabo el juicio son Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.
