El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha puesto en libertad al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras 4 meses y 20 días en prisión provisional. Esto ocurre a raíz de su presunto «papel principal» en la trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones, aunque se le han impuesto medidas cautelares como la prohibición de salida del país y una firma quincenal en sede judicial, debido a los fuertes indicios en su contra.
Cerdán se encontraba en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el 30 de junio por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Sus abogados, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, habían solicitado su puesta en libertad en cinco ocasiones, pero tanto el instructor como la Sala de Apelación lo habían denegado hasta ahora.
En los últimos meses, el propio Puente había señalado en sus resoluciones que Cerdán no agotaría el plazo legal de seis meses para la prisión provisional, el cual vencía el 30 de diciembre. Sin embargo, destacó que los investigadores deberían asegurar las posibles pruebas antes de tomar una decisión. «Y, ciertamente, ha llegado ese momento», declaró el magistrado en un auto dictado este miércoles.
Este avance se produce tras recibir un último informe por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las relaciones entre Acciona y Servinabar, la empresa de la que Cerdán sería dueño al 45%. Según dicho informe, Servinabar obtenía el 2% de las obras públicas adjudicadas a Acciona, y Cerdán, junto a su familia, habría disfrutado del dinero a través del cobro de nóminas, el alquiler de dos pisos en Madrid (incluida la vivienda familiar) y una tarjeta de crédito donde se cargaron numerosos gastos.
Luego de recibir esta información, Puente ordenó ocho registros que se realizaron el pasado viernes en distintas empresas, incluidas sedes de Acciona, de donde la UCO confiscó documentación y «terminales telefónicos y/o informáticos». Además, imputó al ex directivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y a dos subordinados que, a pesar de estar suspendidos de sus funciones, continúan en la constructora.
UN RIESGO «SERIAMENTE MITIGADO»
El instructor señaló que había decidido encarcelar a Cerdán debido al «muy intenso» riesgo de que destruyera, manipulara u ocultara pruebas. Sin embargo, considera que este riesgo se ha «mitigado seriamente» tras las acciones llevadas a cabo por la UCO, que han permitido «obtener informaciones que, muy probablemente, hubieran resultado ocluidas o de difícil acceso ante posibles intentos de ocultación, alteración o destrucción».
El magistrado sostiene que «el resultado de la investigación practicada no solo no ha diluido los consistentes indicios de criminalidad con los que ya se contaba, sino que, muy al contrario, los ha reforzado en buena medida y abierto nuevas líneas de investigación».
Clarifica también que «la existencia de indicios consistentes relativos a que Cerdán pudiera haber cometido los ilícitos penales que se le atribuyen no es, por sí mismo, indicador suficiente para justificar el mantenimiento de la prisión provisional».
Esto se debe a que «no se identifica la presencia de un riesgo cierto y acusado de fuga o posible sustracción a la acción de la Justicia que, aunque nunca pueda ser descartado de forma completa, puede en este momento tratar de conjurarse con medidas cautelares».
Por lo tanto, le impone las mismas medidas cautelares que al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor ministerial Koldo García: prohibición de salida del país con retirada de pasaporte y comparecencia cada 15 días en sede judicial.
Puente también mencionó otros riesgos que justificarían la prisión provisional y los rechazó. En relación al peligro de que Cerdán «cometa otros hechos delictivos», concluyó que «este último riesgo puede ser razonablemente descartado, ya que el investigado no ostenta actualmente cargo público alguno ni mantiene relación orgánica de dirección con el PSOE».
Finalmente, resolvió que «no hay razón suficiente para prolongar la situación de prisión provisional que padece el investigado».
