PALMA, 30 sep. (EUROPA PRESS) – La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Govern balear contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, que aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas.
Presión sobre el sistema de protección de menores
Según ha explicado este martes la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, en el recurso interpuesto y admitido a trámite, el Ejecutivo balear alerta de la presión que soporta el sistema de protección de menores en la comunidad, especialmente en lo que respecta a los niños y adolescentes migrantes no acompañados. Esta situación ha sido denunciada tanto por el Govern como por los Consells durante los últimos meses, resaltando datos que también han sido contrastados a través de los informes de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.
Base de la impugnación
La impugnación se basa en que esta capacidad ordinaria de 406 menores adjudicada a Baleares responde a una regulación adoptada sin una justificación clara de los criterios empleados. Esto genera un resultado «opaco y arbitrario que beneficia a unas comunidades en detrimento de otras» y vulnera el principio constitucional de solidaridad interterritorial. La norma es considerada por el Govern perjudicial para los intereses legítimos de la comunidad.
Próximos pasos en el proceso judicial
De este modo, el Tribunal Supremo tramitará ahora el recurso presentado el día 24 de septiembre de 2025 por la Abogacía de la Comunidad Autónoma, tras ser autorizado por el Consell de Govern.
Recursos previos y alegaciones del Govern
Este recurso se suma a otros dos recursos previos presentados por la Abogacía de Baleares que ya han sido admitidos a trámite. Se refiere al recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que afecta a las competencias y la autonomía financiera de la comunidad; y al recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, que regula las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
Asimismo, el Govern, a través de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, ha presentado alegaciones contra el procedimiento iniciado por el Estado para el traslado de los dos primeros menores extranjeros no acompañados, en el marco del reparto impuesto por el Gobierno central.
