BURGOS, 14 de mayo. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reducido la condena por distribución de pornografía infantil impuesta por la Audiencia Provincial de Burgos a un hombre, pasando de cinco años de prisión a uno. Esta decisión se fundamenta en la evidencia presentada durante el juicio.
Detalles del caso
La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, ha considerado que los hechos probados indican que el acusado solo distribuyó cuatro archivos de vídeo que ya existían, sin participación en la producción o elaboración del material pornográfico, según la información proporcionada por el Gabinete de Prensa del tribunal.
Descartada la agravación de la pena
El tribunal decidió no aplicar el subtipo agravado previsto en el Código Penal, argumentando que este exige la participación directa de menores en la creación del contenido, lo cual no se evidenció en este caso. Además, la Sala tuvo en cuenta la colaboración del acusado durante la investigación, ya que facilitó el acceso a sus dispositivos y al contenido examinado, lo que se consideró un atenuante a la hora de individualizar la pena.
Condiciones de la sentencia
La resolución finaliza con una condena de un año de prisión, además de la inhabilitación para actividades con menores por un periodo de tres años y la imposición de una medida de libertad vigilada durante el mismo tiempo, la cual se cumplirá una vez que el acusado complete su pena de prisión. Es importante destacar que la sentencia no es firme y puede ser objeto de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Contexto de los hechos probados
Los hechos en cuestión se remontan al 23 de abril de 2022, cuando la Unidad Central de Ciberdelincuencia detectó la subida a Internet de cuatro archivos de vídeo con pornografía infantil de menores de 16 años. La investigación policial rastreó la dirección IP hasta el domicilio en Burgos donde residía el acusado en ese momento. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2022, se localizó una conversación en la aplicación WhatsApp en la que el acusado compartió otros cuatro vídeos de similar naturaleza con otro usuario.
Colaboración durante la investigación
Durante el registro judicial autorizado en su vivienda, llevado a cabo el 31 de octubre de 2024, el acusado mostró una actitud de completa colaboración con los agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Hizo entrega voluntaria de su teléfono móvil de la marca Apple, además de facilitar tanto el código PIN de apertura como el de su tarjeta SIM.
