Valladolid, 21 de enero (EUROPA PRESS) – El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de un año y dos meses de prisión y una multa de 5.400 euros impuesta al empresario José María C.S. por un delito contra el medio ambiente y por estafa, tras haber contaminado con residuos de escorias de aluminio una parcela en Renedo (Valladolid). Esta parcela, donde tenía una factoría de reciclaje, fue vendida a terceros, ocultando la verdadera situación del terreno, a pesar de que los nuevos adquirientes pretendían explotar allí un centro hípico.
Confirmación de la condena
La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, ubicada en Burgos, desestimó el recurso de apelación interpuesto y ratificó así la decisión de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial. En este juicio, además de José María, también se sentaron en el banquillo sus dos hermanos, Francisco Javier y María Flor C.S. El primero fue condenado como administrador único de la empresa, mientras que sus hermanos fueron absueltos, ya que el tribunal consideró que sólo José María tomaba decisiones en la mercantil.
Aclaraciones del proceso judicial
La fiscal de Medio Ambiente solicitó para los tres acusados tres años y seis meses de prisión por el delito medioambiental, sumando otros diez meses de privación de libertad por estafa. En su fallo, la Audiencia de Valladolid determinó que José María causó daños significativos a la calidad del suelo y de las aguas superficiales de la parcela, aunque no se demostró que su conducta perjudicara gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o supusiera un riesgo grave para la salud de las personas.
Acuerdo indemnizatorio y testimonios
La acusación particular, representada por los compradores de la finca, se apartó del proceso tras haber alcanzado un acuerdo para ser indemnizados por los perjuicios sufridos. Inicialmente, habían solicitado un total de nueve años y nueve meses de cárcel para cada acusado, así como para su madre, Consuelo, y otra hermana, Cristina. El acuerdo permitió que madre y hermana fueran absueltas de todos los cargos.
Durante el juicio, José María y sus hermanos negaron cualquier responsabilidad respecto a los bidones de residuos descubiertos en la finca. «¡Jamás se me hubiera ocurrido hacerlo!», afirmó el gerente a preguntas de la fiscal sobre la posible enterración de materiales cuando la empresa se trasladó a La Cisterniga. Recordó que asumió el cargo de la mercantil tras el fallecimiento de su padre en 2006, sin tener conocimiento de que su progenitor había solicitado autorización a la Junta como gestor de residuos peligrosos y no peligrosos.
Impacto en los nuevos compradores
Estefanía V.G., la mujer que compró la parcela en 2021, recordó en el juicio los perjuicios sufridos, indicando que el terreno no era viable para el centro hípico debido a la presencia de residuos contaminantes. «Mi sueño y todas mis ilusiones se han venido abajo, allí no crece ni maleza», lamentó. Durante la inspección, se corroboró que el suelo estaba lleno de tornillos y tuercas, y que existía un líquido oscuro con olor a amoniaco.
Pruebas de contaminación y defensa de los acusados
La fiscal de Medio Ambiente sustentó su acusación en los análisis realizados por la Guardia Civil y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que confirmaron la existencia de contaminación por metales pesados, lo cual representa un grave riesgo para la salud humana y el ecosistema. Un perito de la consultora CONGEO destacó la «afección por metales pesados» presente en la parcela.
Los letrados de los acusados, sin embargo, solicitaron la absolución argumentando que ninguna de las pruebas vinculaba a sus clientes con el vertido y cuestionaron el proceso de recogida de muestras realizado por la Guardia Civil, así como los resultados de los análisis.
