PAMPLONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) – La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a 5 años de prisión impuesta el pasado septiembre por la Audiencia Provincial a un hombre que violó en noviembre de 2023 a una mujer a la que había alquilado una habitación en su piso de Pamplona.
Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el procesado no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante 10 años y, además, deberá cumplir una medida de libertad vigilada de otros 5 años, que se ejecutará tras la pena privativa de libertad. En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a la víctima por el daño moral con 20.000 euros.
Los hechos enjuiciados tuvieron lugar alrededor de las 7 horas del 26 de noviembre de 2023 en la vivienda del encausado. La víctima había estado alquilada desde septiembre con la intención de quedarse hasta diciembre.
Ambos habían estado por separado esa noche de fiesta con sus respectivos amigos. Una vez en el domicilio, él le propuso mantener relaciones sexuales, a lo que ella se opuso. Pese a ello, la violó en tres ocasiones. Tras finalizar las agresiones sexuales, según recoge la sentencia, el agresor le dijo a la víctima que “se fuera a su habitación, que a él le gustaba dormir solo”.
De acuerdo con la resolución judicial, el imputado “estaba levemente afectado por el consumo de alcohol” en el momento de los hechos.
Como consecuencia de la agresión sexual, la denunciante sufrió lesiones y padeció, entre otras secuelas, un cuadro de estrés postraumático agudo, que incluía síntomas de reexperimentación, sueños desagradables y recurrentes, sentimientos de culpabilidad y estados de ánimo negativos como ira, culpa y vergüenza.
La Sección Primera de la Audiencia, que consideró al procesado autor de un delito de agresión sexual, penado con entre 6 y 12 años de prisión, tuvo que rebajar la pena en un grado debido a la concurrencia de dos atenuantes: la reparación del daño por haber consignado antes del juicio 15.000 euros para el abono de la responsabilidad civil, y embriaguez, por el consumo previo de alcohol admitido.
Esa sentencia fue recurrida tanto por la defensa, que solicitó de nuevo la absolución o subsidiariamente, la imposición de una pena comprendida entre 1 año y 6 meses y 3 años de prisión; como por la acusación particular, que pidió que la condena se elevara a 9 años al apreciar la circunstancia agravante de prevalimiento. La fiscalía, por su parte, abogó por la desestimación de ambas apelaciones.
«SINCERIDAD, SEGURIDAD Y FIRMEZA»
En su sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN coincide con la Audiencia respecto a la verosimilitud del testimonio de la víctima. “Y esta sala, visionada la grabación de su declaración, comparte el criterio de la sala de instancia, apreciando que dicho testimonio resulta ser creíble y verosímil, fiable y coherente, atendido el modo en que se expresó, de manera clara y contundente”, subraya.
Además, el Tribunal también coincide con la Audiencia en la existencia de, al menos, cuatro elementos corroboradores de la declaración de la mujer: el atestado policial, donde se reflejan unos mensajes enviados el mismo día por la denunciante a un amigo, ya mencionando haber sido objeto de una agresión sexual; la asistencia al Servicio de Urgencias de Ginecología del Hospital Universitario de Navarra, en donde manifestó haber sido víctima de una agresión sexual; la existencia de lesiones compatibles con una agresión sexual; y la visita ese mismo día al Servicio Municipal de Atención a la Mujer, donde fue atendida por la asesora jurídica y confesó haber sufrido la agresión por parte de su compañero de piso, además del informe pericial elaborado por la psicóloga forense.
“Esos elementos corroboradores analizados son sólidos y contundentes y nos llevan a apreciar verosimilitud en el testimonio de la denunciante”, remarcan los magistrados, que también desestiman la pretensión de la defensa de reducir la pena impuesta.
Por último, la Sala rechaza la existencia del prevalimiento invocado por la acusación particular, al considerar que no se puede determinar “que existiese en la actuación del acusado un aprovechamiento de [la] convivencia, de la que se hubiese valido para obtener una ventaja o provecho que facilitase la ejecución del delito”.
