BARCELONA, 2 de mayo. (EUROPA PRESS) – Responsables de entidades sociales catalanas han reclamado a la administración más recursos y mayor flexibilidad en los trámites para la regularización. Aunque están satisfechos por colaborar en un proceso tan importante, han expresado que se han visto desbordados por la situación.
En declaraciones a la prensa, la presidenta de la asociación Àmbit Prevenció, Mercè Meroño, ha solicitado más recursos y mejor planificación para otorgar certificados de vulnerabilidad y tramitar la regularización. Ha propuesto habilitar espacios más grandes y sin necesidad de cita previa o número para realizar dichos trámites.
Meroño también ha enfatizado la necesidad de formar correctamente y con tiempo a las personas responsables, así como dotarlas de medios técnicos y físicos adecuados. Àmbit Prevenció, acreditada para dar certificados de vulnerabilidad y tramitar regularizaciones, está trabajando con entre 15 y 20 personas que, tres días a la semana, de 9 a 14 horas, atienden a migrantes sin cita previa. Hasta el momento, han emitido más de 2.000 certificados.
Inicialmente, se ofrecieron para colaborar en estos trámites, considerando que el 80% de las personas a las que atienden, que se encuentran en situación de exclusión social, precariedad y vulnerabilidad, son migrantes. «Queríamos ser un punto comunitario en el barrio donde estamos, La Bordeta, para que la gente del barrio no tuviese que desplazarse», indicó.
Colas y Estrés
Meroño ha relatado que la situación rápidamente se desbordó, generando un efecto llamada que provocó la acumulación de personas haciendo cola, incluso algunas que dormían en la calle. «Tenían a personas que venían con la manta, otras que trabajaban de repartidores y tenían que ir y volver, incluso mujeres embarazadas o personas que venían con la pulsera del hospital. Era un estrés increíble para todo el mundo», comentó.
A pesar de esta situación, mostró su «satisfacción» por haber podido brindar calidez y no solo ayudar a tramitar certificados, sino también escuchar las historias de los atendidos. Sin embargo, reitera la necesidad de habilitar espacios más amplios y menos invasivos, señalando que ya están trabajando para lograrlo en un equipamiento del mismo distrito.
Además, subrayó que lo que está revelando la regularización extraordinaria son las bolsas de pobreza que existen en Catalunya y en el resto de España: «Son ríos y ríos de personas de todas las edades y países. En las colas no te encuentras ‘expats’ o personas en situaciones confortables».
Colaboración con Resultados «Desbordantes»
El director territorial de la Fundación Cepaim y miembro de la junta directiva de Entitats Catalanes d’Acció Social (Ecas), Mohamed Aït abou Moujane, valoró positivamente la idea inicial de colaboración entre la administración y el tercer sector, que ha estado reclamando una gobernanza compartida. Sin embargo, indicó que los resultados han sido «desbordantes» para muchas entidades.
Criticó la exigencia de certificados de vulnerabilidad, apuntando que la persona en situación administrativa irregular ya es vulnerable en sí misma, pues no puede llevar una vida normal, trabajar con contrato o caminar con seguridad por la calle.
Aït abou Moujane destacó el trabajo colaborativo de las entidades y explicó que el método utilizado por la Fundación Cepaim ha sido comenzar con las personas atendidas internamente, seguir con personas derivadas de otras entidades – fase en la que se encuentran actualmente – y posteriormente, buscar cómo ayudar al resto de personas que nadie está atendiendo. «Hemos intentado no tener colas. La gente no puede estar malviviendo en la calle», señaló.
Asimismo, mencionó que han intentado trabajar conjuntamente y organizar a las personas, conscientes de que quienes acuden buscan una solución inmediata. «Tienes que trabajar con paciencia; no puedes decirles que vuelvan la próxima semana, porque lo que ellos ven es la necesidad de seguridad y una vida digna», relató el director territorial.
Cepaim, que también trabaja en asentamientos irregulares, ha otorgado hasta el momento alrededor de 600 certificados de vulnerabilidad. También se han encontrado con personas que, cuando acuden a solicitar el certificado, en realidad no lo necesitan: «Las personas quieren asegurarse. Cuando les informas que no lo necesitan y lo haces en amazigh, árabe, urdú, wolof o chino, entonces confían en ti. Eso ha facilitado mucho el trabajo», explicó.
Trabajo a Largo Plazo
Aït abou Moujane señala que el plazo abierto para realizar los trámites, que finaliza el 30 de junio, es «muy poco tiempo». Además, destaca que en junio entrará en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, por lo cual espera poder ganar algo de tiempo con el trabajo coordinado entre las entidades.
Alerta que, tras el proceso de regularización, el siguiente «peaje» será la renovación de los permisos de residencia y trabajo. Destaca la necesidad de acompañar a los migrantes y fomentar un sentido de pertenencia, por lo que considera que todo el proceso debe abordarse como un hecho estructural a largo plazo.
Administraciones «Flexibles»
La responsable de formación e inserción laboral de Cáritas Barcelona, Dessirée Garcia, ha subrayado la importancia de que las administraciones sean «flexibles» en las citas para la presentación de los expedientes, para que el mínimo de gente quede fuera. Actualmente, no existe una contabilización oficial de cuántas personas se encuentran en situación irregular.
Cáritas tiene siete puntos repartidos por la diócesis de Barcelona donde están ayudando a personas que ya habían recibido seguimiento por parte de la entidad. «No es un proceso fácil, es una oportunidad, pero gestionarlo tiene su dificultad», reflexionó Garcia.
Garcia añade que «la angustia siempre está presente, sobre todo, en lo concerniente a no perder los plazos. Al final, son personas que hasta ahora no existían, aunque forman parte de nuestras comunidades, pero carecen de acceso a determinados derechos y se juegan mucho».
Afirmó que, aunque el tercer sector continuará colaborando, especialmente cuando se trata de restablecer derechos, dignidad y cohesión social, la responsabilidad y la competencia deben recaer en las administraciones públicas implicadas.
