MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado que Washington gestionará el dinero proveniente de la venta del petróleo venezolano para financiar algunos servicios clave que el Gobierno de Venezuela no puede cubrir, tales como la Policía o la recogida de basuras.
«Parte de lo recaudado se destinará a financiar una auditoría para garantizar que así se gaste el dinero», ha adelantado Rubio en su primera audiencia pública ante el Congreso tras la operación militar en Caracas que resultó en el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama Cilia Flores.
«Este es un mecanismo de corto plazo en el que se pueden satisfacer las necesidades del pueblo venezolano a través de un proceso que hemos creado donde presentarán cada mes un presupuesto de lo que se necesita financiar», ha explicado Rubio, quien ha agradecido la «cooperación» de las autoridades venezolanas.
Rubio ha dejado de lado sus amenazas anteriores sobre una posible nueva intervención militar si Caracas no accedía a las pretensiones de Washington y ha destacado que, gracias a las «honestas, respetuosas, pero muy directas» conversaciones con el actual Gobierno, se han evitado daños mayores.
Por otro lado, también ha adelantado que «muy pronto» se restablecerá la presencia diplomática de Estados Unidos en Venezuela, ya que varias fuentes desde Washington han revelado que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) está trabajando en el terreno para establecer unos primeros contactos.
La encargada de representar los intereses de Washington será Laura Dogu, antigua embajadora en Honduras y Nicaragua, quien ha sido nombrada por la Administración Trump como jefa de su misión diplomática en Venezuela. Este cargo lo ejercerá desde Bogotá antes de asentarse definitivamente en Caracas.
«Creemos que muy pronto podremos abrir una presencia diplomática estadounidense en el terreno, lo que nos permitirá tener información en tiempo real e interactuar», ha señalado Rubio. Además, ha explicado que ya hay un equipo enviado por Washington para evaluar el estado de las instalaciones, que permanecen cerradas desde 2019, año en el que se suspendieron las relaciones diplomáticas.
