BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) – Cinco exconsellers de Cultura de la Generalitat han presentado este martes una querella contra el traslado de las pinturas murales de Sijena del Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) al Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) al entender que existe un «peligro seguro de deterioro o destrucción» de las obras.
La querella ha sido presentada por el abogado y exdiputado de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, en representación de los exconsellers Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs y Àngels Ponsa. Se dirige contra la magistrada y los representantes del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, quienes interpusieron una demanda de ejecución de la sentencia.
En la querella, a la que ha tenido acceso la prensa, los exconsellers alegan que, pese a haber agotado el ejercicio de sus funciones como máximos responsables en Cultura y preservación del patrimonio, continúan ostentando una responsabilidad en la preservación de los Bienes de Interés Cultural (BIC) ubicados en Catalunya.
Sostienen que, de ejecutarse la sentencia que ordena el traslado de las pinturas murales a Huesca, se produciría una «destrucción» o grave alteración de un BIC, como han alertado varios expertos, y plantean posibles responsabilidades penales por presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio histórico.
Delitos
El escrito, que ha sido presentado ante la Sala Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, argumenta que la ejecución de la sentencia, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Huesca número 2, comporta «ineludiblemente» la consumación de un delito contra el patrimonio histórico, tal y como recoge el Código Penal.
En este sentido, se recuerda que las pinturas de Sijena están sometidas a tal grado especial de protección que se ven limitados otros derechos, como el de ejecutar una sentencia «si tal acto implica la consumación de un delito».
Además, argumentan que, si a pesar de haber aportado diversos informes periciales que alertan del «peligro seguro de deterioro o destrucción de las obras» se mantiene la pretensión de trasladarlas, con manifiesto desprecio a la seguridad y un resultado fatal, los responsables podrían incurrir en un delito de prevaricación.
Por todo ello, solicitan que se practiquen varias diligencias, entre ellas el interrogatorio a los querellados, y que se adopten medidas cautelares: «Nos parece coherente y necesario que se ordene la paralización de la ejecución instada de una sentencia firme».
«La ejecución debe decaer»
Los cinco exconsellers, acompañados de Alonso-Cuevillas, han explicado la interposición de la querella en un acto celebrado este martes en les Cotxeres de Sants, en Barcelona. Alonso-Cuevillas ha subrayado que se trata de un tema jurídicamente complejo porque hay una sentencia firme del Tribunal Supremo que establece que la propiedad de las obras pertenece a Aragón. Esta sentencia, según considera, ha primado los criterios políticos sobre los «estrictamente jurídicos», y la Generalitat no ha querido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Ante esta situación anómala, ha declarado que se debe ponderar el derecho a una tutela judicial efectiva que requiere la ejecución de la sentencia y el hecho de que esta ejecución pueda conllevar la comisión de un delito, además de que el Estado español no pueda cumplir con sus obligaciones internacionales.
«La ejecución de la sentencia debe decaer», ha sentenciado, aludiendo a informes independientes que advierten sobre posibles daños irreparables.
«Daño irreparable a la humanidad»
Puig, que ha comparecido por videoconferencia, ha subrayado que a los cinco exconsellers les mueve el mismo sentimiento: la voluntad de cumplir con las leyes que protegen el patrimonio catalán. Al enterarse, al final de este procedimiento, de que existía un artículo del Código Penal que les permitía actuar, no dudaron «ni un minuto» en hacerlo.
En este sentido, ha manifestado que espera que la querella sirva para evitar este «daño irreparable para la humanidad» que sería la destrucción de estas pinturas, destacando la necesidad de resistir y seguir luchando.
«Pretende ser una humillación»
Mascarell ha enfatizado que este asunto es esencialmente político, indicando que los exconsellers han decidido presentar esta querella porque entienden que la respuesta del Ayuntamiento de Barcelona, del Govern y del Ministerio de Cultura «está siendo débil».
Ha lamentado que los catalanes sean los únicos en el mundo obligados a devolver obras artísticas, incluso dentro del mismo Estado, y que quienes han ordenado esto tienen la convicción de que la catalanidad debe ser liquidada: «Esto pretende ser una humillación».
«Son sentencias políticas»
Tresserras ha manifestado que el objetivo de la querella es hacer lo máximo posible por preservar la integridad de estas obras, destacando que lo realizado por el MNAC se inscribe en las mejores prácticas para conservar el patrimonio, y por eso considera que las acusaciones de expolio desde Aragón «son mentira».
Ha añadido que otro de los motivos para presentar la querella responde a la defensa del MNAC y de sus trabajadores, lamentando que las resoluciones que dictan el traslado de las obras son «sentencias políticas que estaban preestablecidas».
«Preservar no es poseer»
Borràs ha afirmado que, si la catalanofobia fuese un arte, el traslado de las obras de Sijena sería «una obra maestra». La querella se fundamenta en tres ejes: la preservación artística como principio irrenunciable, la responsabilidad compartida de todos los actores implicados y el sentido cultural.
Ha destacado que este bien es extremadamente valioso y, al mismo tiempo, extremadamente frágil, argumentando que su estado actual y futuro depende de las condiciones de conservación en las que se encuentre, en este caso, el MNAC. Además, expertos independientes han certificado que su manipulación podría comportar daños irreversibles: «Preservar no es poseer», es garantizar la supervivencia del arte.
«Pequeñez moral inmensa»
Finalmente, Ponsa ha expresado que de ejecutarse la sentencia se estaría cometiendo un ataque contra la ciudadanía y una vulneración de los derechos culturales. Ha reivindicado que los catalanes han estado conservando estos bienes con sus impuestos, que se han mantenido en un excelente estado de conservación en el MNAC. Asegura que es una obligación que estas obras lleguen a las futuras generaciones y que correr el riesgo de que sufran un daño o destrucción «es de una pequeñez moral inmensa».
