Lima (EFE) – El polémico exministro del Interior y de Justicia de Perú, Juan José Santiváñez, investigado por presunto tráfico de influencias, ha confirmado que se postulará al Senado en 2026 por el partido conservador Alianza para el Progreso (APP). La confirmación se dio este sábado durante su participación en una marcha a favor de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Santiváñez reveló que recibió invitaciones para postularse a las elecciones generales del próximo año de «casi todos los partidos». No obstante, decidió aceptar la oferta de César Acuña, líder de APP y precandidato presidencial de esa agrupación política. «Agradezco a todos los partidos que me invitaron, pero decidí ir con el candidato que creo que va a ganar las elecciones presidenciales», manifestó a los periodistas.
El exministro de la destituida exmandataria Dina Boluarte (2022-2025) pidió a la prensa recordar que existe la «presunción de inocencia», al ser consultado sobre si su candidatura al Senado busca una inmunidad ante las denuncias en su contra. «Soy inocente mientras que judicialmente se demuestre mi responsabilidad, entonces no tengo absolutamente nada que impida que yo pueda postular al Senado o a la diputación», aseguró. Destacó que en el pasado ha defendido a policías acusados de violaciones a los derechos humanos, así como a cabecillas criminales.
Promesas para la Policía Nacional
Santiváñez defendió su participación en la marcha convocada a favor de la PNP, mencionando que es hijo de policía y conoce las necesidades de la familia policial. Su promesa de campaña incluye entregar una gratificación equivalente a un sueldo completo dos veces al año para los policías, entre otros beneficios.
Antes de su ingreso al gobierno de Boluarte, Santiváñez defendió al policía Miguel Salirrosas, condenado en 2020 a 27 años de cárcel por pertenecer a una banda criminal dedicada a la extorsión y el sicariato en Trujillo. La familia del sentenciado buscó a Santiváñez para presentar un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional en busca de su liberación. Sin embargo, la denuncia fiscal sostiene que no solo cobró sus honorarios como abogado, sino que también pidió 20.000 dólares para influir en las decisiones de los jueces del Tribunal.
En otra investigación en su contra, el exministro anunció en septiembre que impugnaría un peritaje que confirmaría que es su voz la que aparece en un audio con un agente policial, donde se anticipa la desarticulación de una unidad policial de inteligencia que investigaba a Boluarte por el presunto encubrimiento de la fuga del líder político prófugo Vladimir Cerrón y otras denuncias.
