El coordinador académico del Máster en Derecho Digital de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), José Manuel Sendín, ha afirmado que aunque las llamadas de ‘spam’ se han reducido gracias a la reciente Ley General de Telecomunicaciones, es difícil que desaparezcan. Esto se debe a que las empresas utilizan tecnología para evadir las limitaciones establecidas por la normativa.
Según Sendín, la ley obliga a las empresas a realizar estos contactos a través de los prefijos 800 o 900 para que sean claramente identificados como comunicaciones comerciales. Sin embargo, asegura que muchas compañías recurren a software que enmascara estas limitaciones, lo que dificulta la identificación de este tipo de llamadas.
Además, ha enfatizado que los operadores telefónicos también tienen un papel importante en este asunto. La nueva normativa les impone una responsabilidad activa para filtrar llamadas no deseadas en lugar de limitándose a ser meros receptores de las mismas.
Sendín destacó que muchas empresas están dispuestas a asumir riesgos en sus estrategias de marketing, buscando obtener una ventaja en el mercado aunque esto implique recibir quejas. Muchas veces, los usuarios simplemente cuelgan sin presentar una reclamación formal, lo cual refuerza la práctica del spam.
En referencia a cómo los consumidores pueden actuar ante estas situaciones, Sendín recomendó que, a pesar de ser un proceso engorroso, es fundamental denunciar. Resaltó que la denuncia puede presentarse ante dos instituciones clave: la Agencia Española de Protección de Datos, que ofrece un procedimiento claro para iniciar una investigación, y las entidades de consumo, donde los comportamientos desleales también pueden ser denunciados.
La obligación de denunciar
Adicionalmente, Sendín indicó que, gracias a la modificación en la ley, él mismo ha notado una reducción en las llamadas recibidas. Sin embargo, subrayó que para muchos, la forma más efectiva de combatir el spam telefónico es a través de la denuncia ante las autoridades competentes.
En muchas ocasiones, la acción de la administración depende de la denuncia de particulares. Esto es crucial, ya que, si las quejas se acumulan, se pueden iniciar investigaciones que lleven a sanciones a las empresas que incumplen las normativas.
Sendín también recordó que existen históricos de resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos que han sancionado a empresas por prácticas de spam insistente. Antes de imponer multas, las agencias suelen apercibir a las compañías, y en casos de sanciones, las multas muchas veces se reducen si se abonan de manera voluntaria.
