El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura del acto de presentación de la ‘Declaración de la Región de Murcia’, en el Teatro Circo de Murcia, a 28 de septiembre de 2025, en Murcia (España).
MURCIA, 28 (EUROPA PRESS)
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado este domingo un visado por puntos para migrantes que prime la entrada de «quien conoce mejor» la cultura española, de «quien tiene mayor capacidad de integración» y de quienes quieren trabajar en aquellos sectores donde hay «falta de mano de obra». Además, ha defendido que prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se liguen a la «búsqueda activa del empleo».
Feijóo, en un acto celebrado en el Teatro Circo de Murcia, rodeado por los presidentes autonómicos del PP, ha planteado que «tenemos derecho a decidir quién entra en nuestro país y con qué condiciones entra». Junto a otros compromisos en materia migratoria, de vivienda e infraestructuras, se firmó la llamada ‘Declaración de la Región de Murcia’. Previamente, tomaron la palabra el presidente autonómico de la región, Fernando López Miras, y el alcalde de la ciudad, José Ballesta.
El líder del PP también destacó que «incentivar la vía legal es la mejor forma de desincentivar la vía ilegal», defendiendo aplicar en España lo que países como Canadá, Australia o Reino Unido han hecho: «Un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y de quien tiene mayor capacidad de integración».
«CONTRIBUIR TIENE QUE SER CONDICIÓN PARA PERMANECER»
Feijóo ha señalado que la política migratoria del PP se basa en el principio de que «contribuir tiene que ser condición para permanecer», y añadió que el sistema actual «no es razonable». Según él, «cualquiera puede entrar ilegalmente y sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital».
A su juicio, esto es un “sinsentido”, dado que «llegar a España sin un contrato de trabajo no puede generar más derechos» que hacerlo con uno. Por ello, recalcó que «prestaciones económicas como el ingreso mínimo vital deben ligarse a la búsqueda activa del empleo», subrayando que la percepción de ayudas públicas no puede convertirse en el «único medio de vida de la gente que llega a España».
El líder del PP invitó a tener «tolerancia cero con el delito», afirmando que «los delitos graves implicarán automáticamente que se pierda el derecho a la residencia». En el caso de delitos reincidentes, aunque sean leves, «no podrán premiarse con la permanencia en España». «Los españoles cumplimos la ley y los inmigrantes han de cumplir la ley. Y si no la cumplen, se irán de nuestro país», destacó.
LA INMIGRACIÓN, «UN DESAFÍO QUE SE HA DESCONTROLADO»
Feijóo ha caracterizado la inmigración ilegal como un «desafío» que «se ha descontrolado». Sostuvo que, cuando un asunto se descontrola, hay que encararlo y afrontarlo, sobre todo por «el bien de las miles de personas que mueren en el mar engañadas por las mafias».
Aseguró que el Gobierno «se limita a sacarse de encima» este problema, tratando a los inmigrantes como «una moneda de cambio para mantener su estabilidad política» tras haber perdido las elecciones generales. Criticó que el único criterio de reparto de menores no acompañados sea «molestar lo mínimo posible a sus socios separatistas».
El líder del PP argumentó que «la inmigración ilegal es un desafío que hay que afrontar porque si no se alienta la xenofobia», y precisó que no está dispuesto a que «paguen justos por pecadores», ni a que «quienes abusan o delinquen tapen a tantos otros inmigrantes que han venido a prosperar» en España.
Feijóo concluyó que este problema no se soluciona «con protestas» o «llamando a incumplir la ley», sino con «propuestas», «cambiando la ley» y «compromiso político», enfatizando que un país no puede renunciar a controlar sus fronteras.
RECHAZO A LA TESIS DEL PSOE Y DE VOX
El líder del PP también rechazó las premisas de puertas abiertas para todos o de echar a todos, que considera que defienden PSOE y Vox, argumentando que cada inmigrante «es una persona con una dignidad intrínseca» y debe ser tratado «como ciudadano responsable de sus propios actos, con derechos y también con deberes».
Feijóo afirmó que «ni es una víctima que no es dueña de sus actos como afirma el PSOE, ni es un delincuente por defecto como dice Vox», generando aplausos en el auditorio. También remarcó que la solución «no es ni regularizarlos a todos ni echarlos a todos al mar», sino «poner orden y aplicar la legalidad de una vez por todas».
El líder del PP afirmó que cree en «una España abierta, en una España acogedora, pero también firme en la defensa de nuestra convivencia y de nuestra libertad».
LO QUE DICE EL TEXTO DE LA DECLARACIÓN DE MURCIA
En el texto firmado por Feijóo y sus ‘barones’, el PP señala que España «no puede seguir atrapada en el modelo disfuncional del Gobierno central, que ha convertido la irregularidad en la vía más rápida, debilitando la cohesión social y la igualdad ante la ley». Por ello, defiende una política migratoria que «alinee España con la tendencia europea: ordenada, legal y mutuamente beneficiosa».
El Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha renunciado» a controlar las fronteras y niega a los españoles la capacidad de decidir quién entra en España y en qué condiciones. Adicionalmente, destacan que «el abuso fraudulento de trámites para lograr prestaciones y de las vías de regularización excepcionales, como el arraigo, junto al colapso del sistema de asilo y la ausencia de sistemas de retorno efectivos, han roto los incentivos a quienes quieren cumplir, premiando la irregularidad frente a la legalidad».
Pese a ello, consideran que «se ha disparado la dependencia del sistema», con «altas tasas de desempleo entre extranjeros, precariedad laboral y un uso creciente de las prestaciones sociales, sin que sea necesario demostrar una aportación previa al sistema».
EXIGENCIAS DEL PP EN EL REPARTO DE MENORES MIGRANTES
Asimismo, el PP recalca que la gestión de los menores no acompañados «no puede ser el fruto de un reparto arbitrario y sin transparencia, y mucho menos instrumento de negociación política entre el Gobierno central y sus socios separatistas».
Por ello, exige que «garantice la determinación de edad y que asuma la atención y financiación directa de los menores no acompañados ante la actual saturación de los recursos de las comunidades». Además, el PP considera que «siempre que existan datos que lo permitan, se debe promover el retorno y la reunificación familiar en los países de origen».
