Madrid, 5 de septiembre de 2025 (EUROPA PRESS) – El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha puesto el foco este viernes en «el incremento de llegadas de migrantes por vía marítima iniciado en 2023, especialmente en las islas Canarias». Durante su intervención en la apertura del año judicial, abogó por «coordinar las investigaciones relacionadas con la inmigración ilegal, que además revisten gran complejidad por su vinculación con la delincuencia organizada transnacional».
García Ortiz recordó que «la Unidad de Trata y Extranjería no solo trabaja en la persecución de las conductas de tráfico ilícito, sino también en velar por la garantía de los derechos de los migrantes en los centros de acogida, internamiento y en las salas de inadmitidos de los aeropuertos».
Destacó la «especial relevancia» que merecen «todas las cuestiones surgidas por el aumento progresivo de niños y niñas que, sin acompañamiento familiar, son estigmatizados y señalados públicamente por algunos sectores sociales y también políticos, encontrándose solos frente a un mundo extraño y requiriendo una atención especial».
«La respuesta que como sociedad seamos capaces de dar en el presente a niños, niñas y mayores migrantes será el juicio que de todos nosotros hará el futuro», enfatizó, recordando que «la dignidad del ser humano y el superior interés del menor son valores constitucionales que nos definen como sociedad democrática».
Asimismo, García Ortiz se mostró «consciente» de que la apertura del curso judicial se produce en «singulares circunstancias» debido a su «situación procesal», aunque ratificó su confianza en la Justicia, insistiendo que la institución «no sucumbe a los ataques de los delincuentes».
Su discurso fue recibido por un Salón de Plenos que se dividió entre asistentes que aplaudían y aquellos que no, un hecho insólito dado que las intervenciones del fiscal general en la apertura del año judicial no suelen estar acompañadas de aplausos.
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, fue parte del grupo que optó por no aplaudir, al igual que varios magistrados progresistas. «Es un honor, como jurista, como fiscal y como ciudadano de este país, estar hoy aquí –en mi condición de Fiscal General del Estado– en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo», manifestó García Ortiz.
Además, aseguró que es «plenamente consciente» de las «singulares circunstancias» que rodean su intervención, ya que se encuentra a un paso de ser juzgado en el Supremo por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Esto ha suscitado en el ámbito judicial consideraciones sobre posibles muestras públicas de rechazo, aunque finalmente se descartó cualquier boicot.
Sin embargo, las asociaciones APM, AF y APIF le instaron a no acudir, y vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitaron a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que le trasladase la «inconveniencia» de su intervención. En contraste, el bloque progresista del CGPJ defendió que la ley exige su presencia.
«Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse… Si estoy aquí, como fiscal general del Estado, es porque creo en la Justicia y en las instituciones que la conforman», respondió.
En su discurso, García Ortiz hizo un «humilde llamamiento» para solicitar el «máximo respeto a la función de la Fiscalía española» y «al trabajo de todos los fiscales», afirmando que se trata de una «institución fuerte, sólida, confiable que vertebra un país y garantiza el cumplimiento de la ley».
Apoyo a reformas y restricción al poder del fiscal general
Tras tocar su situación procesal, García Ortiz presentó la Memoria Anual de la Fiscalía relativa a 2024, haciendo un repaso de cifras y estadísticas que considera «fundamentales» para comprender «el ingente trabajo» del Ministerio Público, de los tribunales y de la justicia en general, con especial hincapié en materia de violencia de género, menores migrantes no acompañados y los incendios.
También dedicó parte de su discurso a celebrar «las iniciativas y proyectos legislativos desplegados para fortalecer y modernizar la justicia española», afirmando que «también los tan reclamados y ansiados proyectos que se encuentran en ciernes».
«Para quienes buscan excusas o se resisten al cambio, nunca habrá un momento adecuado», advirtió, aludiendo a la oposición que han generado las reformas anunciadas por el Gobierno.
A su vez, reivindicó la «cristalización» de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que busca atraer a fiscales las investigaciones penales que hoy dirigen los jueces de instrucción. «Ese cambio legal precisará de una metamorfosis de la Fiscalía española», reconoció.
García Ortiz también subrayó la necesidad de «establecer un sistema de contrapesos en el que el interés particular no se anteponga nunca al general», apuntando a una posible «restricción del poder del fiscal general del Estado, si se considera pertinente».
Defendió al Ministerio Público como una institución que «lejos de ser una caricatura sumisa al poder establecido, es la mejor salvaguardia para la ciudadanía y el Estado de derecho». «Lo hemos demostrado ya en el procedimiento de menores. Dirigiremos la investigación criminal, si el legislador así lo decide, sometidos al control de garantías del Poder Judicial», enfatizó.
Lucha contra la corrupción
García Ortiz también destacó «la amplia actividad desplegada en la lucha contra la corrupción y la diligencia organizada», así como la creación de dos nuevas Unidades especializadas para «fortalecer» la respuesta a estas actividades delictivas: la Unidad de Delitos Económicos y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.
Resaltó que «la estrecha relación entre ambos fenómenos se retroalimentan mutuamente». Según sus palabras, «la corrupción facilita que grupos criminales se infiltren y actúen en diversos sectores, no siendo ajeno a esta situación ningún sector de la sociedad».
«La delincuencia organizada utiliza la corrupción para alcanzar sus objetivos y mantener su impunidad, lo que conlleva discriminación, insolidaridad y arbitrariedad, causando un grave deterioro en la relación entre la ciudadanía, el ordenamiento jurídico y las instituciones públicas», concluyó.
