El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su escrito de defensa ante el juicio que se celebrará en su contra por una presunta revelación de secretos que involucra a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En su defensa, García Ortiz reivindica su inocencia, alegando que el «núcleo esencial» de la información relevante ya había sido desvelado desde «el aparato institucional» de la Comunidad de Madrid.
En su escrito, la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, argumenta que no hay delito, ya que su actuación fue simplemente una reacción legítima para evitar daños a la imagen de la Fiscalía. La defensa recalca que alrededor de 600 personas en la Fiscalía tuvieron acceso a la información clave relacionada con la presunta filtración.
La defensa de García Ortiz rechaza las afirmaciones del magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, quien señala que fue el propio García Ortiz quien filtró a la SER, la noche del 13 de marzo de 2024, el correo electrónico en cuestión. Este correo, enviado el 2 de febrero, contenía una oferta de reconocimiento de delitos fiscales por parte de González Amador a cambio de un pacto con la Fiscalía.
Además, la Abogacía presenta un relato cronológico de los acontecimientos, comenzando desde el 23 de enero de 2024, cuando la Fiscalía inició la investigación a González Amador, hasta el 14 de marzo de ese mismo año, cuando se emitió una nota de prensa sobre los intercambios de correos entre el abogado del empresario y el fiscal Julián Salto. Según la defensa, esto evidencia que no existe «ninguna conexión lógica» entre la publicación del mencionado correo y García Ortiz.
La defensa señala que fue un artículo publicado por ‘eldiario.es’ el 12 de marzo de 2024, que contenía investigaciones sobre González Amador, lo que desencadenó una respuesta desde el aparato institutional para mitigar el impacto político de la noticia. Este relato alternativo presentaba a González Amador como víctima de una campaña política, con la participación ilícita de la Agencia Tributaria y la Fiscalía para desacreditar a Díaz Ayuso.
La defensa apunta especialmente a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, quien supuestamente transmitió información incorrecta a periodistas el 13 de marzo de 2024. Este individuo habría compartido por WhatsApp la idea de que la propuesta de conformidad llegó desde la Fiscalía, y que se le impidió alcanzar un acuerdo al fiscal encargado del caso.
Desconcierto y preocupación en la Fiscalía
García Ortiz sostiene que la publicación del artículo en ‘El Mundo’ a las 21:29 también reveló información crucial sobre el caso, lo que le llevó a activar un proceso de verificación urgente en la Fiscalía para aclarar la situación. Según su relato, no fue hasta las 23:44 del 13 de marzo que recibió el correo electrónico mencionado por ‘El Mundo’.
La defensa argumenta que la estrategia comunicativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid generó un alto interés mediático y un aumento en la investigación sobre el caso, lo que llevó a la colección y publicación de correos electrónicos confidenciales entre la defensa de González Amador y la Fiscalía.
La cuestión del borrado del móvil
Otro punto polémico que se menciona es el borrado del teléfono móvil de García Ortiz. La defensa argumenta que estas acciones se llevaron a cabo por razones de seguridad personales normales. Sin embargo, también se argumenta que el abogado de González Amador rompió unilateralmente cualquier posible confidencialidad al enviar el correo electrónico relevante a una cuenta genérica de la Fiscalía.
Además, se indica que antes de la publicación del artículo en ‘eldiario.es’, hasta 600 personas en la Fiscalía pudieron haber tenido acceso a la información sobre González Amador, lo que, según la defensa, muestra que no hay un solo responsable de la filtración.
La defensa ha propuesto la testificación de González Amador y Rodríguez en el juicio, y ha impugnado la solicitud de testimonio de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, quien intenta presentar una acusación popular.
