La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos, ha aprobado la designación de los diputados de Vox, Alberto Garre y Rubén Martínez, como miembros de la ponencia encargada de elaborar un informe que determinará si la Asamblea Regional se personará ante el Tribunal Constitucional y presentará alegaciones contra los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley 2/2025 de Participación Institucional de Sindicatos y Patronal.
El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha acusado al Gobierno de España de usar el recurso de inconstitucionalidad para confrontar con las comunidades autónomas, mayoritariamente gobernadas por el Partido Popular, y de intentar ocultar la corrupción que afecta a la administración pública. Segado ha argumentado que la reforma busca eliminar la obligatoriedad de subvencionar a los sindicatos y que favorece la transparencia al dirigir las ayudas a proyectos que beneficien a la sociedad en su conjunto. Además, denunció que el actual Ejecutivo es el más opaco de la democracia y que la ley fue aprobada por dos tercios de los representantes de la Región de Murcia.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha criticado la «utilización partidista» del Parlamento por parte de PP y Vox. En febrero de 2025, Vox registró una proposición de ley que generó un informe jurídico alertando sobre las limitaciones a sindicatos y empresas que podrían afectar la libertad reconocida en la Constitución. Tras este informe, el PP solicitó a Vox la retirada de la iniciativa, a lo que la formación accedió.
Sin embargo, en junio de 2025, justo en medio de las negociaciones de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, la misma proposición fue presentada nuevamente, sin un nuevo informe jurídico, lo que, según Fernández, llevó a su grupo a anunciar que promoverían un recurso de inconstitucionalidad. Creen que la ley busca eliminar la participación sindical y suprimir derechos laborales fundamentales.
Fernández también informó que 50 diputados socialistas han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, así como el Gobierno de España, ambos admitidos a trámite. El Constitucional, según Fernández, ya ha suspendido la aplicación de la ley a solicitud del Ejecutivo, sugiriendo que pudiera ser inconstitucional.
Por otro lado, Rubén Martínez, diputado de Vox, ha centrado sus críticas en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien calificó como «el presidente más indecente, corrupto y traidor», rodeado de casos de corrupción del Partido Socialista. Martínez ha defendido que el recurso ante el Constitucional busca salvaguardar la voluntad de los ciudadanos de la Región de Murcia.
Además, cuestionó la Ley de Participación Institucional vigente, que, según él, garantiza a sindicatos y patronales el acceso a fondos públicos revalorizados anualmente, mientras que los ciudadanos enfrentan problemas de vivienda y pérdida de poder adquisitivo. Martínez recalcó la desconfianza de Vox hacia el Partido Popular, citando como ejemplo la situación en Castilla y León, donde el PP restauró ayudas a sindicatos tras la salida de Vox del Gobierno regional.
En este contexto, propuso que Garre y él sean los encargados de elaborar el informe sobre la respuesta de la Asamblea al recurso. En contraposición, José Luis Álvarez-Castellanos, del Grupo Mixto, anunció que su formación no apoyará la personación de la Asamblea en defensa de la reforma, alertando sobre la reducción de los fondos destinados al diálogo social. Reiteró que la Ley de Participación Institucional establece la necesidad de un proceso participativo en la elaboración normativa con la inclusión de sindicatos, empresarios y asociaciones.
Álvarez-Castellanos insistió en que dicha participación requiere recursos y medios, recordando que sindicatos como CCOO y UGT deben presentar propuestas a múltiples organismos, lo que demanda tiempo y asesoría técnica. Finalmente, rechazó la idea de que la ley implique «subvenciones o privilegios», calificando la reforma como un ataque frontal contra los sindicatos, fundamentales para la estructura democrática del país.
FUENTE
