El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, han firmado un convenio interadministrativo que asegura la ejecución de dos promociones de vivienda protegida en el municipio. Este acuerdo permitirá construir 37 viviendas en María Jiménez y 226 en Cuevas Blancas, siendo un paso importante hacia la ampliación del parque público de vivienda en la capital canaria.
La cooperación entre las tres administraciones ha hecho viable una actuación clave para ampliar el parque público en la capital.
Las viviendas se destinarán al alquiler social y se incorporarán al parque público del Instituto Canario de la Vivienda.
La actuación ha sumado 41,7 millones de euros de inversión pública en vivienda protegida en Santa Cruz de Tenerife.
El acuerdo ha facilitado la cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para completar la financiación necesaria y garantizar la ejecución íntegra de ambas promociones. En total, las actuaciones representan una inversión estimada de 41,7 millones de euros, sin incluir el valor del suelo ni los costes de urbanización, los cuales serán asumidos por el Ayuntamiento. De esta cantidad, 16,7 millones de euros ya habían sido aportados previamente por el Instituto Canario de la Vivienda mediante distintas resoluciones de subvención. El presente convenio ha permitido completar la financiación de 25 millones de euros necesaria para hacer viable la construcción de las 226 viviendas en Cuevas Blancas.
Para cumplir con este acuerdo, el Instituto Canario de la Vivienda ha comprometido 19 millones de euros en varias anualidades, mientras que el Cabildo de Tenerife ha aportado 6 millones de euros. Clavijo declaró: “Hoy damos un paso real para ampliar el parque público de vivienda en Canarias y hacerlo con un modelo que garantiza que estas viviendas permanezcan en el ámbito público y destinadas al alquiler social”. Además, destacó que “este convenio demuestra que cuando las instituciones cooperan, la vivienda deja de ser un problema enquistado y empieza a tener soluciones reales para la ciudadanía”.
El presidente también mencionó que este convenio no solo busca la construcción de nuevas viviendas, sino que pretende consolidar una política pública que asegure que las viviendas sigan siendo públicas y accesibles para las próximas generaciones. En este contexto, Clavijo defendió que “hay una línea roja que no podemos permitir que se cruce: ninguna familia debería destinar más del 30 o el 35 % de sus ingresos a pagar una vivienda”.
Por su parte, el consejero Pablo Rodríguez resaltó que “este convenio ha permitido cerrar la viabilidad económica de Cuevas Blancas, programar su financiación plurianual y garantizar que las 226 viviendas puedan construirse en su totalidad”. También aseguró que “el acuerdo no solo asegura la ejecución de las obras, sino que garantiza el destino final de las viviendas, su incorporación al parque público del Instituto Canario de la Vivienda y su adjudicación en régimen de alquiler social”. Actualmente, el Gobierno de Canarias tiene en Tenerife más de 1.000 viviendas públicas en distintas fases: más de 300 planificadas, más de 700 en construcción y más de 30 ya adquiridas.
Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, indicó que “hoy se da un paso muy importante en uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía de Tenerife y la sociedad en general: el acceso a una vivienda digna”. Además, destacó el papel del Cabildo en este acuerdo, señalando que “aunque la vivienda no sea una competencia estrictamente insular, el actual Gobierno del Cabildo ha adoptado una postura valiente y responsable”. Este convenio incluye una aportación directa del Cabildo de 6 millones de euros, como parte de una visión clara de cohesión social y desarrollo insular.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, enfatizó que aunque el Ayuntamiento no tiene competencias directas en materia de vivienda, ha trabajado constantemente para establecer los acuerdos necesarios para construir viviendas en su municipio. “Estos 41,7 millones vienen a sumarse a la política de vivienda que ya venimos desarrollando en el municipio, con la que no solo afrontamos la construcción de nuevas edificaciones, sino que también nos ha permitido comprar un edificio ya finalizado para destinarlo a vivienda social”, añadió Bermúdez.
Finalmente, la concejala de Viviendas de Santa Cruz, Belén Mesa, expresó que “aunque no tengamos competencias específicas en esta materia, siempre hemos mostrado nuestro compromiso con una de las necesidades más demandadas de nuestra ciudadanía”. Reiteró la importancia de la colaboración interadministrativa, como se evidencia en este acuerdo, que permite ampliar el parque público de viviendas en Santa Cruz.
