El Gobierno central y el Gobierno de Canarias han cerrado un acuerdo para elaborar un decreto-ley que se convalidará en el Congreso de los Diputados antes de que finalice el año. Este decreto-ley tiene como objetivo impulsar la reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite. El anuncio fue realizado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al término de una reunión de la comisión mixta que discutió esta importante legislación.
Este decreto-ley no será una herramienta genérica sino que se diseñará específicamente para La Palma, excluyendo así la opción de un decreto «ómnibus». Entre las principales medidas que se incluirán destacan una transferencia de 100 millones de euros para cubrir indemnizaciones en el sector agrícola y una bonificación del 60% en el IRPF para los residentes de la isla.
Torres subrayó la necesidad de que la Abogacía del Estado confirme la urgencia de este decreto-ley, y ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas del Congreso para que apoyen medidas justas orientadas a la reconstrucción del territorio afectado por la erupción. Durante la reunión, se discutieron los esfuerzos del Gobierno central para apoyar la reconstrucción, que se estima en unos 1.100 millones de euros. Esta cifra incluye compensaciones por la pérdida de la primera vivienda, inversiones en infraestructuras, convenios de obras municipales y apoyo a la diversificación energética.
Afirmaciones sobre la recuperación económica y social
Torres también abordó el crecimiento demográfico de La Palma, que se ha incrementado en 3.000 habitantes, resaltando que a pesar de las diferencias políticas, ha habido un claro compromiso para trabajar en conjunto en esta comisión mixta. El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, expresó el respaldo de su partido y su disposición a apoyar la aprobación del decreto-ley, asegurando que todo será evaluado y discutido durante su formulación.
Compromisos concretos para el sector primario
La reunión también abordó la necesidad de seguir contratando por emergencia para la reconstrucción de propiedades y la recopilación de necesidades actuales para acometer nuevos convenios que permitan la recuperación de infraestructuras. El presidente insular, Sergio Rodríguez, agradeció el enfoque constructivo de la comisión y mencionó un compromiso insular del 25% del convenio, con aportes actuales de aproximadamente 23,5 millones de euros. Hizo un llamado al Estado para que revise cuanto antes el segundo convenio, dada la situación extraordinaria que han enfrentado.
Además, la consejera de Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, enfatizó la importancia de la consolidación de los fondos necesarios, sugiriendo que se deben utilizar los recursos disponibles del Gobierno regional, a pesar de las restricciones fiscales actuales.
Moratorias y soluciones a corto plazo
Se prevé que el decreto-ley incluya una moratoria para los agricultores afectados, quienes actualmente enfrentan dificultades y no están generando ingresos. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que, aunque aún queda trabajo por hacer, el ambiente actual muestra un escenario más favorable que el de reuniones anteriores del año. La intención es que el nuevo decretado brinde certezas, especialmente al sector primario, asegurando que las ayudas y los fondos necesarios comiencen a llegar a los afectados antes de que finalice el año.
Con este enfoque y la colaboración entre diferentes niveles de gobierno, se espera que la recuperación de La Palma sea más eficiente y diseñada específicamente para atender las necesidades de sus residentes.
