El Gobierno Vasco ha expresado su oposición a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca crear un complemento para alcanzar el 100% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para pensiones. En una declaración tras el consejo de Gobierno, se argumentó que esta propuesta es «innecesaria» y podría afectar negativamente a la coherencia del sistema de Garantía de Ingresos actual.
El 2 de septiembre de 2025, el Ejecutivo mostró su postura desfavorable al considerar que el sistema vigente ya ofrece suficientes garantías a los pensionistas, destacando su «solidez». La ILP fue promovida por el Movimiento Pensionistas de Euskal Herria (MPHE), que presentó al Parlamento vasco más de 145.000 firmas en apoyo a la iniciativa.
El Gobierno Vasco argumenta que este sistema está diseñado para evitar «duplicidades y desigualdades». Esta postura se basa en que, desde 2008, Euskadi cuenta con un modelo propio que proporciona «rentas mínimas dignas» y contempla medidas específicas para los pensionistas. La Ley 14/2022 ha reforzado estas coberturas, colocando las cuantías por encima de los umbrales de pobreza europeos.
¿Qué implicaciones tiene la ILP?
El Ejecutivo ha subrayado que la propuesta de la ILP no se ajusta a las normativas vigentes ni a los principios de sostenibilidad y coherencia del modelo vasco de protección social. Resaltó que la ILP podría generar «solapamientos con las prestaciones vigentes» y ocasionar un «trato preferente» hacia un grupo, a expensas de otros colectivos vulnerables, como las personas con discapacidad o trabajadores con bajos ingresos.
Por ejemplo, actualmente, un pensionista individual puede llegar a tener una renta máxima garantizada de 1.080,82 euros al mes, y dependiendo del tamaño del hogar, esta cifra puede aumentarse hasta 1.535,91 euros. El Gobierno considera que la ILP representaría un «gasto estructural insostenible» para las finanzas de la comunidad autónoma.
En resumen, el Gobierno Vasco asegura que la protección y los derechos de los pensionistas están garantizados bajo el sistema actual, y que la propuesta de la ILP podría comprometer la integridad y viabilidad de estos mecanismos de protección social.
