BARCELONA, 27 de octubre (EUROPA PRESS) – El Govern y los Comuns han acordado los detalles de la puesta en marcha de una unidad antidesahucios de la Generalitat, así como la creación de un registro de grandes tenedores de vivienda. Ambas medidas ya estaban acordadas en el marco de la convalidación de los suplementos de créditos que el Govern aprobó en mayo.
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y la secretaria de Vivienda, Lídia Guillén, se reunieron este lunes con la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y la portavoz adjunta, Susanna Segovia, para concretar el despliegue de las medidas.
En una rueda de prensa posterior, Albiach afirmó que tanto la unidad como el registro contribuirán a «poner orden en el ‘sálvese quien pueda’ en vivienda actual y hacer frente al verdadero drama de los desahucios en Catalunya». Además, sostuvo que si el Govern toma medidas en vivienda es por la presión social y la de su partido, porque en esta materia «va arrastrando los pies». Segovia, por su parte, consideró que estas acciones llegan tarde.
50 EFECTIVOS
La unidad antidesahucios, que se aprobará este martes en el Consell Executiu bajo el nombre de Servei de Protecció i Estabilitat Residencial (SPER), contará con 39,4 millones de euros entre 2026 y 2030. Su objetivo es intervenir ante los primeros signos de una posible pérdida de vivienda por incapacidad de pago: «Intervenir antes, y no con los Mossos d’Esquadra», resumió Segovia.
Según los Comuns, la unidad tendrá un enfoque preventivo gracias a un Referente de Vivienda, que seguirá el proceso de desahucio desde que se deja de pagar un alquiler o una hipoteca hasta el eventual momento del desahucio, incluyendo el seguimiento posterior de la situación de los desahuciados.
Para lograrlo, se reforzarán los servicios de prevención locales y la coordinación entre las unidades de la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), buscando incrementar la «mediación activa» entre propietarios y entidades financieras.
Además, se establecerá un servicio de atención telefónica que asistirá y asesorará a los profesionales de las oficinas locales de vivienda, que tendrán inicialmente una sede en Barcelona y, posteriormente, otras cuatro en Girona, Lleida, Tarragona y Terres de l’Ebre.
Contará con 50 efectivos, detalló Segovia, que se incorporarán entre lo que resta de 2026 y el segundo trimestre de 2026: «Se debería haber ido más rápido», reprochó, aunque confió en que el Govern cumplirá y anticipó que será necesario aumentar la plantilla ante la alta demanda del servicio.
SANCIONES HASTA 90.000 EUROS
Las personas físicas y jurídicas que posean más de 5 viviendas en propiedad deberán registrarse en el registro de grandes tenedores que se aprobará tras siete días de exposición pública, previsiblemente en noviembre, incluyendo también viviendas vacías.
Se establecerán sanciones de entre 9.000 y 90.000 euros en caso de no registrarse si corresponde. Este registro facilitará la supervisión del cumplimiento de la ley de vivienda, los límites a los alquileres, la obligación de ofrecer alquiler social en casos de desahucio, y el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de nuevas viviendas.
Según Segovia, permitirá a los inquilinos «consultar si su arrendatario es o no es un gran tenedor y, por tanto, si se le debe aplicar un tipo de contención de rentas u otro, un tipo de duración de contrato u otro, o lo que debe pagar ese gran tenedor cuando compre una nueva vivienda».
Segovia resaltó que será un registro transparente que garantizará la protección de datos, pero que debe ser una plataforma de «rápido acceso» que, mediante la introducción del DNI o el NIF del arrendatario, permita dichas consultas.
NEGOCIAR LOS PRESUPUESTOS
Al ser preguntada si este acuerdo facilitará que los Comuns entren a negociar con el Govern los Presupuestos para 2026, Albiach respondió que aún no están dispuestos a alcanzar nuevos acuerdos si no cumplen la totalidad de los firmados para los suplementos de crédito: «Primero, que cumplan con los acuerdos que tenemos. Segundo, nos sentamos a negociar».
Añadió que «teníamos acuerdos en materia de vivienda, pero también en educación, salud y movilidad», y expresó que esperan una fecha para una segunda reunión con el Govern para hacer seguimiento de estos acuerdos.
Finalmente, sobre si le sorprendió que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, abriera la puerta a prohibir la compra especulativa de viviendas, comentó que «se ha empezado a aficionar a los anuncios», aunque consideró positivo que valore esta opción.
