El Ayuntamiento de Palma ha comenzado el proceso para desalojar a las cerca de 200 personas que ocupan de forma ilegal la antigua prisión de la ciudad. Esta decisión se ha tomado después de que el pasado fin de semana se produjeran varios incendios en el interior del inmueble, lo que ha llevado a las autoridades a considerar el estado de riesgo de la instalación.
Detalles del desalojo
El primer teniente de alcalde y regidor de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal, Javier Bonet, anunció esta medida en una rueda de prensa ofrecida este martes. El proceso para la recuperación de la antigua prisión, que es propiedad del Ayuntamiento, se iniciará a las 07:00 horas del miércoles.
La Policía Local y los servicios sociales municipales establecerán controles de acceso durante dos días para identificar a los ocupantes y elaborar un nuevo censo actualizado. Según los datos del último censo disponible, alrededor de 200 personas ocupan de forma ilegal el lugar, aunque esta cifra puede superar o bajar dependiendo del día.
La administración ha indicado que no se han identificado menores de edad entre los ocupantes y que más del 60% de ellos se encuentra en situación administrativa irregular. A todos se les ha ofrecido acceso a los servicios sociales municipales con el objetivo de encontrar soluciones habitacionales, pero solo una joven extutelada de 18 años ha aceptado la oferta.
Próximos pasos
El próximo viernes se convocará una Junta de Gobierno extraordinaria para formalizar el proceso de recuperación posesoria del inmueble. Tras este acuerdo, se entregarán a los moradores las correspondientes notificaciones de desalojo, y se les concederá un plazo de cinco días para presentar alegaciones. Después de este periodo, se dictará un acuerdo final que obligará a los ocupantes a desalojar en un máximo de cuatro días.
Si no acatan la orden o muestran resistencia, el caso pasará a un juzgado, lo que podría demorar el proceso. Bonet ha señalado que existe una alta probabilidad de que esto ocurra, lo que introduce incertidumbre en los plazos de desalojo.
Urgencia por seguridad
La situación es crítica; la intención del Ayuntamiento es cerrar la instalación para garantizar la seguridad, aunque las restricciones legales limitan esta acción. Para ejecutar el desalojo inmediato, se requiere de «riesgo inminente», situación que podría dar lugar a nuevos incendios, aunque hasta el momento no se ha presentado.
Colaboraciones para soluciones habitacionales
El viernes también se convocará una Junta Local de Seguridad que incluirá a la Policía Local, la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno en Baleares y los servicios sociales municipales. Durante esta reunión, se abordará el proceso de desalojo y se instará a la Delegación del Gobierno a actuar en el marco de su competencia para atender a las personas en situación irregular, que no pueden acceder a los servicios sociales del Consistorio.
El Ayuntamiento buscará la colaboración del Obispado de Mallorca, la Autoridad Portuaria de Baleares, la Delegación del Gobierno e incluso el Ejército para encontrar alternativas habitacionales temporales para los desalojados. Según el regidor, se ofrecerán noches en un hostal para evitar que estas personas pernocten en la calle.
Causas del desalojo
La decisión de iniciar el desalojo, que ha sido objeto de conversación durante meses, se ha precipitado tras los incidentes violentos del fin de semana. Entre sábado y domingo, los Bomberos de Palma tuvieron que intervenir en cuatro ocasiones para apagar incendios, que, según el regidor, podrían haber sido intencionados y originados por disputas entre grupos de personas que ocupan el inmueble.
Bonet ha enfatizado que estos incendios no son hechos aislados y que han crecido en frecuencia, lo que hace pensar que pudieran ser provocados por los propios ocupantes. Además, el aumento de la conflictividad en el recinto y sus alrededores ha generado quejas entre los vecinos, lo que ha llevado a reforzar la presencia policial y establecer patrullas permanentes en la zona.
Desde el comienzo de la legislatura, se han registrado un total de 263 actuaciones tanto de policías municipales como de bomberos relacionadas con la situación en la antigua prisión, con un notable número de incidentes que sobrepasan las competencias municipales en materia de seguridad.
Por último, Bonet ha mencionado que se ha detectado un cambio en el perfil de los ocupantes en los últimos meses, con la presencia de grupos que han incrementado la conflictividad. Las fuerzas de seguridad están realizando operaciones periódicas en el área para abordar la situación.
