El exvicepresidente del Parlament, Josep Costa, ha registrado recientemente una petición ante la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura para que se declare como «expolio» el traslado de las pinturas murales del Monasterio de Sijena, actualmente en el Museu Nacional de Catalunya (MNAC). La solicitud surge en un contexto en el que se alerta sobre el peligro «real, objetivo, inminente y verificable» de destrucción o deterioro irreversible que podría conllevar dicho traslado.
Fundamentación y normas aplicables
Según lo que ha avanzado el diario ‘El Món’, esta declaración se sustenta en el artículo 4 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, que exige la aplicación del artículo 6 de la misma normativa. Este artículo obligaría al Ministerio de Cultura a frenar el traslado hasta que se acrediten, mediante informes técnicos independientes y respaldados por expertos, las condiciones óptimas y garantizadas para la preservación de las obras.
Revisión independiente solicitada
En su solicitud, Costa ha pedido la suspensión de cualquier acción que implique un riesgo para las pinturas, así como una revisión técnica «e independiente» del estado de conservación de las obras en su ubicación actual en el MNAC. Además, solicita que se adopte una tutela provisional para garantizar la máxima conservación y estabilidad de los bienes bajo la supervisión del Ministerio. Estas medidas deberían fundamentarse en el principio de precaución y en la obligación de preservar la integridad física y la seguridad del patrimonio cultural en «condiciones óptimas y estables».
Asimismo, el exvicepresidente ha instado a comisionar al Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ipce) un informe técnico urgente y vinculante, que evalúe el estado actual de conservación de las pinturas murales, los riesgos «reales y concretos» derivados de su traslado, y la idoneidad de la ubicación actual (MNAC) en comparación con la prevista (Monasterio de Sijena) para garantizar la preservación de las obras.
Contexto histórico: El caso del Cabanyal
La petición se apoya en un caso similar ocurrido hace aproximadamente 20 años en el Cabanyal de Valencia, donde unas casas fueron consideradas «amenazadas» por un plan urbanístico elaborado por la entonces alcaldesa Rita Barberá para extender la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. A pesar de que los tribunales valencianos inicialmente respaldaron el plan, una plataforma ciudadana lo llevó ante el Ministerio de Cultura, provocando una intervención que finalmente resultó en que el plan fuera catalogado como un expolio por la ministra de entonces.
