MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) – Álvaro García Ortiz se sentará desde este lunes en el banquillo de los acusados, convirtiéndose en el primer fiscal general del Estado en ser juzgado. Lo hará el Tribunal Supremo (TS) por hechos presuntamente cometidos en el ejercicio de su cargo –donde continúa– que consistirían en la filtración de un correo electrónico que dejó al descubierto las negociaciones de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con Fiscalía para llegar a un acuerdo en relación a un caso por fraude fiscal. Se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.
El caso que lo lleva al banquillo
El detonante fue la publicación realizada por ‘El Mundo’ a las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024: «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso». Esta pieza, según describió el magistrado instructor, Ángel Hurtado, desató un «frenético intercambio» de mensajes y llamadas en el seno de la Fiscalía, además de una intensa actividad en los medios de comunicación para verificar la información.
Las investigaciones y las filtraciones
García Ortiz se puso en contacto con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para que intentara recabar de Julián Salto, el fiscal del caso contra González Amador por delitos fiscales, la cadena de correos electrónicos que se hubiera intercambiado con Carlos Neira, el abogado del empresario en esa misma causa.
Hicieron falta varios intentos porque Salto estaba en el estadio Metropolitano viendo el partido Atlético-Inter de Milán que se disputaba aquella noche. Finalmente, a las 21:59 horas, el fiscal general recibió la información en su cuenta personal de Gmail, aunque la cadena no estaba completa.
Impacto en los medios y respuesta de Fiscalía
A las 22:10, ‘La Sexta’ publicó la primera información que reflejaba que fue la defensa de González Amador quien buscó el pacto con Fiscalía, sin ofrecer más detalles ni citar el email. Poco después, a las 22:27, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, envió a un chat de periodistas el contenido de otro correo clave para la causa: el que Salto envió el 12 de marzo de 2024 al abogado del empresario.
En la mañana del día siguiente, Fiscalía publicó un comunicado a las 10:22 horas donde se daba cuenta del intercambio de correos entre el fiscal y el abogado de González Amador. Esta nota de prensa llevó al novio de Díaz Ayuso a presentar el 21 de marzo de 2024 una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por presunta revelación de secretos, pero dirigida contra Rodríguez y Salto.
Curiosamente, cuando el 16 de octubre de ese mismo año, el TS, a instancias del TSJM, encausó a García Ortiz por revelación de secretos, no lo hizo por ese comunicado, considerando que no contenía «información indebidamente revelada», ya que la misma ya había sido difundida por la prensa, enfocándose en la filtración de los correos.
Las irregularidades detectadas
Dos semanas más tarde, el 30 de octubre, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron simultáneamente en los despachos de García Ortiz y de Pilar Rodríguez, llevándose sus dispositivos electrónicos en un registro sin precedentes que duró más de diez horas.
De los elementos incautados, la Guardia Civil concluyó que el mismo día en que el TS abrió causa a García Ortiz, este borró hasta dos veces sus chats de WhatsApp y que, una semana después, cambió de móvil. En su declaración como imputado, el fiscal general justificó estos comportamientos al protocolo de seguridad exigido para quien guarda datos «ultrasensibles».
Análisis de la investigación y el resultado
Durante los ocho meses que duró la investigación, hubo tres imputados –Rodríguez, García Ortiz y su hombre de confianza, Diego Villafañe– y los hechos investigados fluctuaron entre el comunicado y la supuesta filtración del correo del 2 de febrero o la existencia de una investigación fiscal contra González Amador.
Hurtado solamente llevó a juicio a García Ortiz y Rodríguez, convencido de que él, con la ayuda de ella, filtró el email del 2 de febrero a ‘La Cadena SER’ para ganar el «relato» a ‘El Mundo’. Señaló como indicios la cronología de los hechos, es decir, las horas en que García Ortiz recibió la información relevante y cuándo se comenzó a publicar en prensa, así como el «borrado» que hizo el jefe del Ministerio Público de sus WhatsApp y su Gmail.
García Ortiz se defiende
García Ortiz, defendido por la Abogacía del Estado, reivindica su inocencia. En su declaración como investigado aseguró: «Rotundamente no» cuando le preguntaron si había filtrado información a la prensa. Argumenta que el «núcleo esencial» de la información relevante sobre González Amador había sido desvelado desde «el aparato institucional de la Comunidad de Madrid», destacando que el empresario dio al jefe de gabinete de Díaz Ayuso luz verde para informar a la prensa del email del 12 de marzo.
El fiscal ha subrayado que más de 600 personas tuvieron acceso al correo del 2 de febrero, ya que Neira lo envió a una cuenta genérica de la Fiscalía, además de a un abogado del Estado, sin contar al personal de Hacienda y los juzgados madrileños.
García Ortiz ha reiterado que actuó «en el legítimo ejercicio de sus competencias», buscando evitar el perjuicio para la imagen y el prestigio de la Fiscalía y los miembros del Ministerio Fiscal cuya honradez se habían visto comprometidas por una campaña de desinformación.
Expectativas sobre el juicio
El lunes se sentará en el banquillo como fiscal general, un hecho sin precedentes que ha llevado a numerosas peticiones de dimisión tanto dentro como fuera de la Fiscalía. Un tribunal de siete magistrados de mayoría conservadora –Andrés Martínez Arrieta como presidente y Susana Polo como ponente, junto a Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Ana Ferrer– juzgará a García Ortiz durante seis días con máxima expectación mediática, donde más de 200 periodistas están acreditados. Sin embargo, a diferencia del juicio del ‘procés’, no habrá retransmisión en vivo. La sentencia se espera hacia finales de año.
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