VALLADOLID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) – La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha alcanzado un acuerdo unánime con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León para condicionar el apoyo al acuerdo UE-Mercosur a que se garantice «una reciprocidad real y efectiva» de los requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para las importaciones, incluyendo control y trazabilidad.
«Sólo apoyaremos el acuerdo si garantizamos el principio de reciprocidad real y efectiva, asegurando los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para las importaciones con un control riguroso de la trazabilidad», ha subrayado González Corral. Además, exigirá que la posición española defienda la mencionada reciprocidad y las cláusulas de salvaguarda, dos aspectos considerados «imprescindibles» para el apoyo del acuerdo.
Estas son las principales condiciones del documento de siete puntos suscrito este miércoles en un Consejo Regional Agrario monográfico, que la consejera trasladará tanto al Gobierno de España como a las instituciones europeas ante la firma del acuerdo UE-Mercosur, prevista para el próximo sábado, 17 de enero, en Paraguay, que deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo.
En este contexto, los representantes de las organizaciones profesionales agrarias han hecho un llamamiento unánime a los eurodiputados para que voten en contra del acuerdo comercial UE-Mercosur, al menos hasta que existan «garantías suficientes» de que los productos procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay cumplan con «la reciprocidad suficiente» para asegurar que los productores de ambos lados del Atlántico compiten en igualdad de condiciones.
«Rechazo frontal, ahora el balón está nuevamente en el Parlamento Europeo», ha afirmado el coordinador de la Unión de Campesinos, Jesús Manuel González Palacín. En la misma línea, Aurelio González, de la Alianza UPA-COAG, ha instado a los eurodiputados españoles a votar en contra del pacto, convencido de que actualmente «no se dan las condiciones» para su firma y que «todavía queda batalla por delante».
El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, también ha reafirmado su rechazo al acuerdo UE-Mercosur actual, argumentando que no cumple con las condiciones de reciprocidad y que afecta tanto a los productores españoles como a los consumidores, quienes recibirían «productos de peor calidad y sin garantías sanitarias». «Nos dirigimos con firmeza a los eurodiputados de Castilla y León y de España para que rechacen contundentemente la firma de este acuerdo», ha insistido.
Este acuerdo, alcanzado el miércoles entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las organizaciones profesionales agrarias (OPAs), exige también solicitar al Gobierno central un «análisis detallado y desagregado» sobre el impacto del acuerdo UE-Mercosur por producciones y territorios, especialmente en los sectores más sensibles y vulnerables para la Comunidad Autónoma, citando la remolacha, los cereales, la miel y el vacuno de carne como ejemplos.
González Corral ha expresado su frustración por la falta de respuesta del Ministerio de Agricultura a la solicitud de una reunión monográfica con las comunidades autónomas sobre el acuerdo y ha asegurado que aprovechará la reunión del Consejo Consultivo de la próxima semana para comunicar la «preocupación» del sector en Castilla y León respecto al «potencial impacto» de este acuerdo comercial.
Además, se han exigido «salvaguardas reales, efectivas e inmediatas» que puedan ser «activadas sin demora» ante aumentos excesivos de importaciones o caídas significativas de precios, con una solicitud de «compensaciones operativas cuando proceda», y se defiende la soberanía alimentaria de la población europea.
A esto se suma la necesidad de reforzar los controles en frontera, así como las auditorías e inspecciones en países terceros para asegurar que se cumplen las exigencias sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias y de bienestar animal.
Aurelio González ha destacado que el 80% de los productos fitosanitarios que se utilizan en Brasil están prohibidos en la UE, y ha cuestionado la posibilidad de que esto cambie «de un día para otro», coincidiendo con González Palacín, quien recordó que estos productos están prohibidos en Europa porque se ha demostrado que «son perjudiciales» para la salud y el medio ambiente.
Por último, la Junta y las OPAs vinculan la defensa del sector con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur a la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual, junto a la solicitud de una PAC post-27 «sólida y sin recortes», que mantenga el FEAGA/FEADER y que incremente las dotaciones.
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