TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) – La sección segunda de la Audiencia Provincial de Toledo ha acogido este martes el juicio contra la alcaldesa de Villarrubia de Santiago (Toledo), M.C.M.G., y siete concejales acusados de prevaricación en la retirada de una licencia de venta ambulante en marzo de 2021.
En este supuesto delito, la fiscalía solicitaba una pena de 9 años de inhabilitación para todos los acusados, aunque finalmente ha retirado su petición contra los ediles. La acusación particular ha solicitado 15 años de inhabilitación, además de una cuantía de 13.696 euros en concepto de responsabilidad social, 7.500 euros por daños morales y 6.196 euros por lucro cesante.
Durante su testimonio, la alcaldesa afirmó que no actuó con la intención de causar ningún perjuicio concreto al demandante, J.V.R., al retirar el permiso para instalar el puesto. Declaró que la decisión de revocación de la licencia se adoptó en un contexto marcado por las medidas para evitar el aumento de contagios de COVID-19. «Lo único que quería era prevenir», subrayó, asegurando que su actuación estuvo motivada «por el bien del pueblo».
El demandante, J.V.R., testificó que la alcaldesa le comunicó por teléfono el 23 de febrero de 2021 que no podría montar el puesto el sábado siguiente, alegando «los altercados» del mercadillo con el encargado M.E.B. el 20 de febrero. Durante la llamada, J.V.R. expresó que la decisión era «injusta» y solicitó una reunión con la alcaldesa. Sin embargo, cuando finalmente se reunieron, esta le indicó que el equipo de Gobierno había meditado la decisión, lo que llevó a J.V.R. a requerir una notificación por escrito.
Según su afirmación, solo recibió la comunicación por escrito el 8 de marzo, y a partir de ahí, realizó una reclamación a través de su abogado en el Ayuntamiento. Además, según recomendación legal, reabrió su puesto el siguiente sábado viable, aunque la Policía Municipal le obligó a clausurarlo y presentó una denuncia. J.V.R. también declaró que se le impidió realizar repartos de fruta, y que sufrió un «acoso constante» por parte de la Policía Municipal.
Declaraciones de los Testigos
En la vista oral también testificaron el encargado del mercadillo municipal, M.E.B.; la secretaria interventora, L.Z.G.; el agente de Policía Local, I.A.L.L.; y la perito A.M.
La secretaria, L.Z.G., declaró que no tuvo constancia del conflicto hasta que recibió una querella en junio. M.E.B. testificó que había habido discusiones con el demandante en otras ocasiones y que tras el incidente del 20 de febrero, renunció a su responsabilidad sobre el mercadillo. Por su parte, el agente I.A.L.L. afirmó que, a pesar de los requerimientos para desmontar el puesto, J.V.R. continuó con su actividad comercial ese día. Negó que se le sometiera a especial vigilancia, solo se le indicó que evitara la venta ambulante en días no autorizados.
Finalmente, la perito A.M. argumentó que el demandante no pudo operar con su puesto durante 14 sábados, con una pérdida de ingresos proyectada de 296 euros por jornada.
La Fiscalía Mantiene la Petición de Pena
Tras los testimonios, el Ministerio Fiscal reiteró su petición de 9 años de inhabilitación, señalando que se ha demostrado una actuación por parte de la alcaldesa «intencionadamente alejada del ordenamiento jurídico», omitiendo «todo trámite». El fiscal desestimó los argumentos de la defensa, sugiriendo que la alcaldesa «sabía perfectamente que había procedido de forma totalmente contraria a derecho».
La acusación particular se alinea con el fiscal, describiendo la conducta de la alcaldesa como de «tremenda naturaleza despótica». El abogado de la acusación insisto en que «entendemos que procede la condena», manteniendo la petición de máximo de pena conforme al artículo 404 del Código Penal por el delito de prevaricación. También solicitó que se le condene en costas y a una responsabilidad civil que mantiene en 13.696 euros, a pesar de los cuestionamientos sobre la cuantía.
La Defensa Reclama la Libre Absolución
La letrada de la defensa negó que la alcaldesa actuara con dolo, pidiendo la libre absolución de su representada. Argumentó que los errores administrativos fueron causados por un contexto excepcional debido a la pandemia, mencionando que en ese momento la situación era crítica y «la gente se moría en masa».
Además, la abogada aclaró que la licencia era de carácter anual, renovada por última vez el 11 de enero de 2020, lo que cuestionaría la existencia de una licencia tácita permanente. Aseguró que la solicitud de renovación para el año 2021 se presentó solo el 12 de marzo, tras la notificación de la retirada de permiso.
Por último, la letrada afirmó que desde el Ayuntamiento se ofreció al demandante una «nulidad administrativa» de la retirada del permiso, aunque su representación legal no aceptó y reclamó «la cuantía de 12.000 euros» al Ayuntamiento. Tras la celebración de la vista oral, el juicio ha quedado visto para sentencia por parte de la sala.
