MÉRIDA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) – La Asamblea ha convalidado el decreto-ley acordado por la Junta y Vox que modifica la ley de regulación del proceso de transición entre gobiernos en Extremadura. Esta decisión se produjo en un pleno caracterizado por críticas y reproches del PSOE y Unidas por Extremadura, este último grupo que no participó en la votación y abandonó el hemiciclo antes de su inicio.
La convalidación del decreto ley recibió los votos a favor de los grupos del PP y Vox, con la abstención del Grupo Socialista, que había solicitado la tramitación del mismo como proyecto de ley, petición que fue rechazada por la cámara legislativa extremeña.
La defensa de la iniciativa estuvo a cargo del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, quien explicó que el objetivo es dotar a la región de una norma ajustada a la necesidad del momento, dado que la situación en funciones del gobierno regional se ha prolongado durante varios meses.
Bautista destacó que esta decisión no responde a ninguna «estrategia política», sino a una necesidad «urgente, real y muy clara» de garantizar el funcionamiento de la administración autonómica durante el periodo de transición entre gobiernos.
Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández, argumentó que el decreto ley convalidado flexibiliza una norma que imponía restricciones que impedían el normal funcionamiento de la administración en un periodo como el actual, y consideró que la modificación es una «corrección justa y necesaria» a la norma inicial aprobada por un gobierno del PP.
Fernández comentó que la situación que se pretende resolver «no es fruto de la casualidad ni viene por arte de birlibirloque», señalando que hay «responsables claros» de la misma, como José Antonio Monago, quien aprobó la ley, y María Guardiola, que decidió convocar elecciones sin comunicarse con Vox. Así, ante «la falta de previsión» del PP, su grupo ha actuado «con responsabilidad» y «sin pedir nada a cambio».
El diputado ‘popular’ Juan Luis Rodríguez Campos expresó su agradecimiento por la introducción de este decreto ley, que, a su juicio, demuestra que el gobierno de la Junta está «al servicio» de los extremeños. También mostró sus dudas sobre si el PSOE y Unidas por Extremadura realmente han comprendido el contenido del decreto ley, ofreciéndose a explicarles las razones y las consecuencias de su convalidación.
Críticas del PSOE y Unidas
En el turno del PSOE, su presidente, José María Vergeles, consideró que el decreto ley convalidado carece de una razón de urgencia y lo calificó de «atropello». Además, cuestionó: «¿Cuánto tiempo más nos van a tener en funciones?». Vergeles aseguró que los socialistas han sido «responsables» al no obstaculizar su aprobación, aunque insistió en que debería haber sido tramitado como proyecto de ley para contar con «todas las garantías».
Finalmente, la presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, anunció que su grupo no sería «cómplice de este engendro democrático». «Ni siquiera vamos a votarlo, porque lo que no es legal no se puede legitimar con nuestro voto», afirmó. De Miguel calificó el decreto ley de «barbaridad jurídica» y «absoluto esperpento», argumentando que verá la luz con el apoyo de quienes «tienen paralizada esta región desde hace cinco meses y la mantienen paralizada por puro capricho y tacticismo electoral».
