PAMPLONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) – La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha estimado el recurso presentado por el fiscal contra el auto de sobreseimiento dictado el pasado 6 de noviembre por el titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela. El tribunal considera necesaria la práctica de diligencias de instrucción en la investigación sobre la supuesta venta de una menor de 14 años por 5.000 euros para casarse.
En este contexto, la Sección Primera ha revisado las actuaciones y ha dado por reproducidos los hechos y razonamientos jurídicos contenidos en el auto inicialmente recurrido. En este sentido, se sostiene que existen indicios de criminalidad contra los encausados y que el archivo de la presente causa es «absolutamente prematuro». «Por ello, el recurso va a tener una respuesta positiva por parte de esta Sala», apuntan los magistrados.
Existen indicios de que la menor fue vendida en enero de 2025 por sus padres a otro matrimonio, con el propósito de casarla con su hijo de 21 años. La menor fue localizada en el domicilio de dicha familia en Mollerussa.
En segundo lugar, se han encontrado indicios de que la menor ha sido utilizada para la mendicidad e incluso en acciones delictivas. Se informa que el 9 de septiembre de 2025 los Mossos d’Esquadra la identificaron en Bellpuig pidiendo limosna, y el 4 de octubre de 2025, se la volvió a identificar en Borges Blanques. En ambos casos, fue recogida por los investigados residentes en Lérida, quienes alegan ser familiares de la menor, indicando que sus padres, que residen en Zaragoza, tienen mucho trabajo y la han dejado al cuidado de ellos. Además, presentan una partida de nacimiento de la menor, quien, según dicen, va a estudiar allí. Sin embargo, la Audiencia señala que, a pesar de estas afirmaciones, la menor de 14 años no está escolarizada, y la escolarización es un derecho y deber reconocido tanto en la Constitución Española como en la Ley Orgánica de Educación.
Asimismo, la falta de escolarización de menores puede acarrear sanciones para los progenitores, que van desde multas hasta penas de 3 a 6 meses de prisión por incumplimiento de la patria potestad (art. 226 del Código Penal), además de posibles medidas civiles como la suspensión de la patria potestad si se trata de una desatención grave y prolongada o la declaración de desamparo del menor, según los magistrados.
En tercer lugar, se indica que hay fotografías aportadas por un testigo que muestran a la menor y su «presunto marido», así como a los progenitores de este, en el festejo de su boda.
Por último, aunque la menor en su declaración no se reconozca como víctima de delito, la Audiencia considera que esto no implica que no lo sea. Según el Estatuto de la Víctima, la protección y el apoyo a la víctima no dependen de su posición en un proceso penal.
Se concluye afirmando que existe un riesgo evidente para la menor y que necesita una tutela especial de protección ante los claros indicios de delitos de trata de seres humanos y coacciones por parte de los acusados, quienes podrían haber concertado un matrimonio forzado. La menor, según se alega, fue entregada a una familia de origen rumano con residencia en Lérida. En este contexto, el sobreseimiento y archivo de la presente causa es considerado prematuro, y la medida de alejamiento impuesta es conforme a Derecho.
Diligencias solicitadas
Las diligencias que deberán practicarse son las siguientes:
- Toma de declaración al testigo, quien ha sido amenazado por la familia de la menor. Este testigo ha proporcionado datos relevantes para el caso, como el perfil de Facebook del «presunto marido», fotografías del enlace matrimonial, el precio de la entrega de la menor y su lugar de localización.
- Oficio a los Mossos d’Esquadra de Lérida para que aporten informes sobre la familia con la que estaba la menor, sobre si tienen conocimiento de sus posibles actividades delictivas y respecto a sus medios de vida.
- Oficiar a los servicios sociales de base de Corella para obtener un informe social acerca de la situación familiar, social y escolar de la menor, a fin de conocer su situación en el núcleo familiar donde reside.
