PAMPLONA, 13 de febrero – La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha manifestado que la auditoría externa encargada por Parquenasa sobre adjudicaciones de obra en el parque Sendaviva en el año 2023 no aprecia fraccionamiento de contratos. No obstante, Esnaola ha indicado que, para la Intervención General del Ejecutivo foral, esta situación sí constituye un «indicio de riesgo de fraccionamiento indebido».
Resultados de la auditoría
Esnaola compareció en sede parlamentaria a petición propia para informar sobre los resultados de los informes encargados a la consultora externa PKF respecto a los contratos realizados por Parquenasa en 2023 con la subvención del Gobierno de Navarra a través del entonces Instituto Navarro del Deporte.
La consejera detalló que los contratos fueron desarrollados entre 2023 y 2024 e incluían las obras de acondicionamiento de los viales de servicio, construcción del nuevo edificio de acceso al parque, adecuación de la urbanización del acceso de entrada a la instalación, urbanización de plaza y cimentación de la atracción denominada ‘Caída libre’, así como la edificación de una granja y una zona de actividad lúdica.
Análisis de los informes
PKF realizó dos encargos: el primero consistió en analizar la preparación y adjudicación del contrato para determinar si había fraccionamiento; el segundo se enfocó en el análisis de ejecución del contrato, investigando posibles desviaciones económicas.
El resultado del primer análisis indica que no se aprecia fraccionamiento, lo que implica que se trataba de «unidades funcionales independientes» y que la realización de algunas de ellas no afectaba al resto. En cuanto al segundo informe, sobre desviaciones presupuestarias, PKF validó todas las desviaciones como indispensables, salvo en la última actuación (granja y zona lúdica), que incluía modificaciones a petición de la propiedad valoradas en 3.258 euros.
Intervención General y posibles irregularidades
La Intervención General comunicó el 10 de octubre de 2025 que estaba revisando los expedientes relacionados con las subvenciones a Parquenasa de 2023 y 2024. Se detectó que había pendiente un informe del cierre de la subvención de 2023, solicitándose aclaraciones. La subvención de 2023 se liquidó con una resolución del INDAF el 31 de diciembre de 2024, la cual no fue fiscalizada, y se debía elaborar un informe de omisión de fiscalización.
El 11 de diciembre de 2025, la Intervención General emitió su informe en el que se indicó que la unidad gestora había subsanado las deficiencias mencionadas, pero que el análisis de la documentación consideraba que la actuación «constituye un indicio de riesgo de fraccionamiento indebido», dictaminando un incumplimiento parcial de la subvención, aunque se reconoció que la ejecución material se había realizado correctamente.
Decisiones futuras y reacciones políticas
Se insta al INDAF a iniciar un expediente de reintegro, cuantificando el impacto del incumplimiento observado. Esto implica que, a pesar de los análisis de PKF y del informe del INDAF que señalaban que no había fraccionamiento, la Intervención General aprecia indicios que requieren la atención del gobierno.
El 5 de febrero, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) notificó la suspensión de un procedimiento de investigación debido a la existencia de diligencias previas relacionadas con estas actuaciones.
En términos de gestión futura, Esnaola ha anunciado que el Gobierno iniciará las acciones necesarias para convertir Parquenasa en una sociedad pública, atendiendo también la recomendación de la Cámara de Comptos en su informe del año 2023.
Javier Trigo, en representación de UPN, criticó que la consejera «no ha despejado ninguna duda» respecto a las posibles ilegalidades. En cambio, Ibai Crespo, del PSN, destacó que los informes clarifican dos aspectos fundamentales: la independencia de las actuaciones y la naturaleza de las desviaciones económicas.
Por otro lado, desde EH Bildu, Adolfo Araiz expresó su preocupación por las diligencias penales abiertas que sugieren posibles delitos. Itxaso Soto, de Geroa Bai, enfatizó la delicadeza de la situación, dada la existencia de un proceso judicial, afirmando que es necesario esperar la respuesta de los jueces. Maribel García Malo, del PPN, insistió en que este es un asunto serio y judicializado, mientras Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, destacó la necesidad de revisar el modelo de financiación actual.
Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez criticó la gestión de Esnaola, considerando que ha intentado crear una cortina de humo con respecto a la publicación de los informes.
