Archivo – Marta Fernández
MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) – La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE), en cumplimiento de la medida cautelar acordada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El Gobierno regional ha publicado este miércoles en el Portal de Transparencia de la Comunidad el Proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad por el que se crea el Registro de Personas Objetoras de Conciencia. Con este trámite, se abre un periodo de 30 días hábiles a partir de mañana para presentar alegaciones al proyecto.
Este procedimiento se lleva a cabo en respuesta a la decisión del TSJM que ordenaba al Gobierno regional iniciar la creación del registro de objetores. En su resolución, atendía la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Sanidad, en aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, ante la inactividad administrativa del Ejecutivo autonómico.
El artículo 19.ter de dicha norma establece que cada Comunidad Autónoma debe crear un registro de profesionales sanitarios que ejerzan su derecho a la objeción de conciencia respecto a la práctica de la IVE. Aunque la resolución judicial no implicaba la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí imponía la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios y la implantación del mismo conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).
El citado órgano aprobó el 16 de diciembre de 2024 un protocolo de coordinación para la implantación del registro en todas las administraciones sanitarias, un acuerdo adoptado por unanimidad que es vinculante como instrumento de coordinación administrativa.
REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE SANIDAD
En este marco, el 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid dando un plazo de un mes para su respuesta al registro. Transcurrido el plazo, el 15 de noviembre la ministra del ramo anunció que el Gobierno iniciaría un contencioso. Dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que el aborto es «un derecho esencial, convertido en negocio» para la Comunidad de Madrid; algo que el Ejecutivo no iba a «permitir».
De esta forma, el departamento dirigido por Mónica García anunció el 16 de enero la presentación de un recurso contencioso-administrativo. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirmaba entonces que el Gobierno regional defendería, «con la Constitución en la mano», la libertad de objeción frente al aborto.
Desde la Comunidad de Madrid se ha defendido que la creación del registro constituye una medida organizativa que requiere desarrollo reglamentario y que su imposición cautelar podría suponer una anticipación del resultado del proceso principal. La Administración autonómica sostuvo, además, que la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo se encuentra plenamente garantizada en su sistema sanitario mediante mecanismos organizativos propios. Cuando todos los profesionales de un determinado servicio ejercen la objeción de conciencia, las pacientes son derivadas a centros autorizados que pueden prestar el servicio.
Se plantearon también objeciones relativas a la legitimación del Ministerio de Sanidad para promover el recurso, así como dudas sobre la interpretación de la obligación legal de implantar el registro.
AYUSO: «NO VOY A SEÑALAR A NADIE»
Desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se ha defendido que la Comunidad «está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo».
«Tenemos capacidad de autoorganización que nos reconoce la propia ley, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y en ese ejercicio de autoorganización, tenemos perfectamente organizado el servicio para poder hacer compatible un derecho, como puede ser de los médicos, con la prestación de ese servicio con los supuestos que están completados», alegó recientemente el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García.
En este contexto, Ayuso ha insistido reiteradamente en que no va a «señalar» a «aquellos médicos que no quieran» hacer interrupciones voluntarias del embarazo. «No voy a señalar a nadie ni por abortar ni por dejar de hacerlo, pero tampoco a aquellos médicos que no quieran hacerlo», ha indicado en varias ocasiones.
Por su parte, la ministra ha advertido a la presidenta madrileña de que su negativa a crear el registro de objetores podría acarrear su inhabilitación para ejercer un cargo público, en base al artículo 410 del Código Penal. «Establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o a órdenes de la autoridad competente pueden incurrir en responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación para cargo público», señaló la titular de Sanidad.
La ministra también aludió a que «hay parte del PP que ha despertado» para decirle a Ayuso que «la ley se cumple» con el aborto. Esto ocurre después de que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, se mostrara «convencida» de que la Comunidad de Madrid «acatará» la decisión del TSJM.
Finalmente, García insistió en que Ayuso «se empeñará en intentar cerrar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo». Y aseguró: «Yo le volveré a decir a la señora Ayuso que yo me empeñaré en que la señora Ayuso cumpla la ley», subrayando que ese derecho lo conquistaron «las mujeres en este país hace muchísimos años».
