La Comunidad de Madrid ha decidido no entregar al Ministerio de Sanidad los datos sobre los programas de cribado que se llevan a cabo en la región, incluyendo los de cáncer de mama, colon y cérvix. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, argumenta que la solicitud del ministerio es parte de una «estrategia de confrontación política y de distracción». Según tiene constancia, el ministerio que dirige Mónica García «manosea de forma maliciosa» el trabajo que realizan las diversas comunidades autónomas en este field.
En una carta enviada a la ministra, Matute aclara que los programas de cribado son «competencia exclusiva» de las comunidades autónomas, sin obligación «legal» o «acuerdo formal» adoptado en el Consejo Interterritorial. Por lo tanto, considera inapropiado remitir la información en los términos solicitados.
El Ministerio de Sanidad había reclamado a las comunidades autónomas los datos de «todos» los programas para poder hacer un «seguimiento exhaustivo» de su desarrollo y «reforzar la vigilancia» en todo el país, especialmente después de los retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía.
Matute considera que esta iniciativa, más que mejorar los programas, tiene la intención de confrontar políticamente y desviar la atención de las deficiencias de gestión del propio Ministerio. Critica la falta de atención a cuestiones urgentes como la falta de profesionales, la ausencia de memoria económica en proyectos y la revisión del Estatuto Marco, sosteniendo que en lugar de abordar estos problemas, el ministerio prefiere «fiscalizar» y «manosear» el trabajo de las comunidades autónomas.
Inquietud en la comunidad científica y entre los pacientes
La consejera ha subrayado que esta maniobra, según su opinión, no aporta «valor añadido alguno» y genera inquietud en asociaciones de pacientes y entidades científicas que ven un «riesgo innecesario» para la credibilidad de programas preventivos que son esenciales y que salvan vidas.
La petición como una maniobra política
Matute también censura la pretensión del ministerio de que las comunidades autónomas «aceleren» la entrega de datos sin que se haya completado «su propio trabajo ni validado técnicamente los instrumentos necesarios» para comprobar esta información, lo que evidencia, a su juicio, una agenda «más política que técnica».
Reitera que el Ministerio de Sanidad no tiene una red propia de cribados ni indicadores de calidad asistencial más allá de datos de cobertura y participación. Hasta el momento, no existe ningún «documento oficial» que regule el funcionamiento o evaluación de estos programas.
Además, destaca que el propio ministerio todavía no ha concluido el sistema informático necesario para la recogida y carga de los datos solicitados a las comunidades, que se encuentra en «proceso de revisión» debido a dificultades técnicas, a lo que se le añaden los 22 indicadores previstos que dependen del desarrollo de dicho sistema, el cual aún no está operativo.
Defensa de la autonomía de las comunidades
La consejera defiende que los programas de cribado poblacional son competencia exclusiva de las comunidades autónomas y han sido implantados, seguidos y evaluados con «plena autonomía, profesionalidad y éxito contrastado». Señala que todas las comunidades gobernadas por el PP tienen programas consolidados y con resultados comparables o superiores a los estándares europeos.
Finalmente, Matute reafirma su compromiso con la «máxima transparencia y colaboración institucional» con el Ministerio y las demás comunidades, pero aclara que esta cooperación debe basarse en el respeto a las competencias y en objetivos reales de mejora asistencial, no en intereses políticos que afectan la salud pública.
