La Comunidad de Madrid va a revolucionar el actual sistema normativo con cambios pioneros que permitirán actualizar las leyes autonómicas de manera periódica, introduciendo fecha de caducidad en algunas y revisándolas cada cuatro años. Se trata de un compromiso de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en su programa electoral con el fin de avanzar hacia una Administración eficaz, segura y orientada al ciudadano.
Proyecto de decreto y evaluación continua
El Consejo de Gobierno ha conocido en su reunión de hoy el proyecto de decreto que regulará esta iniciativa, cuya aprobación está prevista para el primer semestre del año. Este establecerá la obligatoriedad de llevar a cabo, al menos, una evaluación ex post de la normativa antes de que transcurran cuatro años desde la entrada en vigor de cada disposición, salvo en aquellos casos con rango de ley que establezcan otro plazo.
Una de las innovaciones será la introducción de fecha de caducidad en las leyes autonómicas de carácter organizativo. Estas son las que regulan la Administración o entidad pública de manera interna, tocando aspectos como estructura, funciones, competencias y procedimientos. No desarrollan materias jurídicas generales, sino que explican la manera de actuar y cómo se distribuyen los servicios.
Por ejemplo, las leyes que rigen el funcionamiento de un órgano colegiado, así como los decretos que establecen los principios de la Mesa de Diálogo Social o el Consejo para la Promoción del Comercio de la Comunidad de Madrid, estarán dentro de este marco.
Objetivo de simplificación normativa
Adicionalmente, la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa deberá formular, en un plazo de un año desde la entrada en vigor del decreto, una propuesta de revisión de los procedimientos administrativos para priorizar, en beneficio de los ciudadanos, el silencio positivo en defecto de resolución expresa.
El procedimiento de evaluación de la normativa incluirá una fase de consulta pública para fomentar la participación de los ciudadanos y las empresas. Concluirá con un informe elaborado por la consejería competente. Además, se establecerá la pérdida de vigencia de las disposiciones reglamentarias de carácter organizativo, a excepción de los decretos de estructura orgánica, transcurridos cinco años desde su entrada en vigor, salvo que como resultado de la evaluación ex post, se considere necesario mantenerlas.
Menos plazos de tramitación y mayor seguridad jurídica
La medida también incorpora un procedimiento abreviado para determinadas leyes que, por su simplicidad, así lo permitan, siempre que hayan superado todos los controles y consultas pertinentes. Este mecanismo será equivalente, en el ámbito de la Administración, a la tramitación en la Asamblea de los proyectos y proposiciones de ley en lectura única, lo que permitirá una reducción sustancial en los plazos de gestión.
La Comunidad de Madrid continuará avanzando en la reducción del exceso de regulación con el fin de impulsar la actividad económica, atraer inversiones y talento, y facilitar la vida a los ciudadanos. El principal objetivo de esta iniciativa es simplificar y modernizar el marco normativo existente, eliminar cargas burocráticas y reforzar la seguridad jurídica tanto para los madrileños como para las empresas y los inversores.
