El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado un proyecto de decreto que establece una fecha de caducidad para los reglamentos autonómicos de carácter organizativo. Además, se inicia la obligación de evaluar todas las normas cada cuatro años para verificar su eficacia. Esta medida permitirá a los madrileños contar con un marco jurídico actualizado, que se adapte a sus necesidades y ofrezca mayor seguridad.
La iniciativa tiene como antecedente el compromiso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de avanzar hacia una administración más eficaz y orientada al ciudadano. La medida, incluida en su programa electoral de 2023, fue anunciada en el último Debate sobre el Estado de la Región (DER).
Novedades del decreto
Una de las principales novedades que introduce el decreto es la caducidad automática de las normas organizativas, que son aquellas que regulan la estructura interna de la administración autonómica, así como sus órganos, competencias, procedimientos internos y funcionamiento. Estas normas dejarán de estar vigentes cinco años después de su entrada en vigor, salvo que, tras un análisis pertinente, se considere necesario mantenerlas. Están excluidos de esta regulación los decretos que establecen la estructura orgánica y los órganos colegiados creados por ley.
Además, se implementará un sistema de evaluación permanente del ordenamiento jurídico autonómico (ex post) con el objetivo de detectar y suprimir aquellas disposiciones que hayan quedado obsoletas o que hayan perdido su utilidad. En general, todo el ordenamiento jurídico regional tendrá que someterse a una revisión periódica, al menos cada cuatro años, salvo que una ley disponga lo contrario.
Este análisis tiene como finalidad verificar si las medidas adoptadas han logrado los objetivos previstos o si es necesario introducir cambios para adecuarlas a la realidad social y económica. El procedimiento incluirá una fase de consulta pública de, al menos, 15 días hábiles y culminará con un informe de la consejería correspondiente, que propondrá su mantenimiento, modificación o derogación.
Revisión de procedimientos administrativos
La Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa deberá presentar, desde la entrada en vigor del decreto, una propuesta de revisión de los procedimientos administrativos. Se ampliarán aquellos que se regulen, priorizando el silencio positivo en beneficio de ciudadanos y empresas, lo que favorecerá una mayor seguridad jurídica en caso de que no haya una resolución expresa en el plazo establecido. Es decir, si la administración no responde, se entenderá que la propuesta del ciudadano ha sido autorizada.
Finalmente, el decreto introduce un procedimiento abreviado para la creación de ciertas leyes que, por su simplicidad, podrán ser tramitadas de forma más ágil y rápida, siempre que hayan superado los controles y consultas necesarios. Este sistema permitirá reducir considerablemente los plazos de tramitación, que actualmente oscilan entre tres y seis meses, llevándolos a aproximadamente un mes mediante un procedimiento similar al de lectura única. Para ello, se establecerán plazos más cortos para la emisión de informes y se facilitará que ciertos trámites se realicen simultáneamente.
El objetivo principal de estas iniciativas es simplificar y modernizar el marco normativo vigente, eliminar cargas burocráticas, reforzar la seguridad jurídica tanto para los madrileños como para las empresas e inversores, y fomentar la actividad económica, atraer inversiones y talento, así como facilitar los trámites a los ciudadanos.
