Bilbao ha oficializado su declaración como zona de mercado residencial tensionado, que se hará efectiva en octubre con su publicación en el BOE. Esta medida «protegerá a más de un 90% de inquilinos» a pesar de la falta de un índice de referencia de precios.
El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, presentaron el acto en el Ayuntamiento, describiendo la declaración como «un paso importante» para afrontar el problema de la vivienda en la ciudad. El alcalde ha reconocido que la medida «no es la panacea» pero sí el «primer paso» en un proceso que demandará tiempo y esfuerzos compartidos.
Para abordar la crisis de vivienda, es esencial que «todas y todos asumamos responsabilidades» facilitando el acceso a una vivienda digna. Esto incluye inversiones en vivienda pública, la promoción de alquileres asequibles y la movilización de viviendas vacías, además de asegurar que los empleos ofrezcan salarios dignos, especialmente para los jóvenes.
Itxaso subrayó que la declaración de zona tensionada proporcionará «herramientas jurídicas para intervenir en el mercado» de alquiler. Sin embargo, también enfatizó que la solución al problema de la vivienda requiere aumentar la oferta, ya que la demanda actual es muy alta. Un plan de acción acompañado se implementará durante los próximos tres años con «medidas ambiciosas».
Medidas y cifras concretas
La inclusión de Bilbao en esta categoría se ha formalizado en el Boletín Oficial del País Vasco y afectará a todo el municipio, que supera el 30% de renta familiar destinada a gastos en alquiler y suministros básicos. El promedio se sitúa en un 30,24%, con cifras más elevadas en distritos como Begoña (34,47%), Rekalde (33,33%) y Otxarkoaga-Txurdinaga (32,69%). Aunque el distrito de Abando no supera el 22,6%, su inclusión se considera «indispensable» por su impacto en el mercado.
Con Bilbao en esta categoría, el 36% de la población de Euskadi estará bajo la figura de «contención de precios del alquiler». Estos precios no pueden incrementarse más allá del IRAV. En el caso de propiedades de grandes propietarios y las que se alquilan por primera vez, estarán reguladas por el Índice de Precios de Referencia, cuya creación depende de los datos de la Hacienda de Bizkaia.
Itxaso destacó que la nueva regulación afectará a más del 90% de los contratos de alquiler activos en la ciudad, protegiendo a la mayoría de los inquilinos. Resaltó que tener un índice de precios de referencia sería ideal, pero la prisa no es aconsejable y es crucial hacerlo de manera correcta y con seguridad jurídica.
Más de 1.000 viviendas antes de 2028
El plan de acción, que tiene una duración de tres años, prevé la construcción y entrega de 1.090 nuevos recursos residenciales entre 2025 y 2028, de los cuales 890 serán promovidos por el Gobierno Vasco. Entre estos se incluyen 385 viviendas de protección oficial en alquiler y 182 viviendas sociales en varios distritos.
De manera paralela, el Ayuntamiento, en colaboración con el Gobierno autonómico, promoverá 200 alojamientos dotacionales. Se proyecta una inversión global de 25 millones de euros en estos esfuerzos. Hasta ahora, el Gobierno Vasco ya ha promovido 1.322 viviendas y alojamientos dotacionales en los últimos años, incluyendo varias promociones en curso.
El Plan General de Ordenación Urbana estima que Bilbao tiene capacidad para desarrollar hasta 16.264 nuevas viviendas, distribuidas en distintos distritos, lo que indica un significativo potencial de crecimiento en la oferta residencial.
El plan también aborda la movilización de viviendas vacías mediante programas específicos, con alrededor de 8.000 viviendas registradas actualmente vacías que se incentivarán para ser incorporadas al mercado asequible. Además, se estima que hay 30.590 solicitudes activas de vivienda protegida, demostrando la demanda existente.
En este contexto, el plan refuerza las ayudas al alquiler, especialmente para jóvenes y grupos vulnerables, y contempla medidas para combatir el sinhogarismo y facilitar el retorno del talento joven. También se incluyen herramientas de regulación como el control de precios de alquiler, un observatorio de mercado y derechos de adquisición preferente para administraciones públicas.
El plan para regular los alojamientos turísticos también es parte de esta iniciativa, buscando mitigar la presión sobre el mercado, donde actualmente hay 1.300 pisos turísticos registrados, un pequeño porcentaje del total de viviendas en Bilbao.
