La defensa de Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, sostiene que la jueza que examina la gestión de la DANA del 29 de octubre pretende «victimizarse de forma maniquea» para justificar una sanción que consideran «ilícita». Esta afirmación se detalla en un recurso presentado al Tribunal de Instancia de Catarroja, donde piden la revocación del auto que propone la sanción. El letrado alega que tras solicitar información sobre la posible participación del marido de la magistrada en el interrogatorio de algunas víctimas, la jueza ha interpretado la solicitud como un ataque a su autoridad.
El contexto de la sanción se remonta a cuando el abogado de Argüeso, José María Bueno Manzanares, pidió a la Letrada de Administración de Justicia (LAJ) que certificara si el esposo de la magistrada había interrogado a víctimas del desastre. Tras esta acción, la jueza propuso que se investigara al letrado por insinuar que su marido intervenía en el caso, lo que su defensa considera un menosprecio hacia su persona y sus intenciones.
El abogado defiende que su petición no tenía ninguna intención injuriosa y considera que los comentarios de la jueza son «conjeturas incorrectas». Argumenta que no se trata de un ataque hacia su condición de mujer, subrayando que si se tratara de un hombre en su lugar, también habrían actuado igual si su esposa hubiera tenido un papel en el proceso.
Las conjeturas de la magistrada
En su recurso, el letrado describe la resolución de la jueza como repleta de «idea, conjeturas y sospechas que se afirman como hechos probados». Éste sostiene que el poder conferido a los jueces debe ser administrado con mesura, y las decisiones de sanción deben basarse en pruebas o indicios y no en meras especulaciones. En ese sentido, pide la revocación del auto, alegando que pocas veces ha encontrado una resolución tan injusta.
La declaración de los guardias civiles
Por otro lado, el abogado de Argüeso enfatiza la importancia de que declaren en juicio los guardias civiles que elaboraron el informe sobre la DANA, para que ratifiquen y amplíen sus conclusiones. Sugiere que la magistrada ha mostrado un trato desigual entre los peritos y que este aspecto deberá ser evaluado en el tribunal.
Según el letrado, la discrepancia entre los resultados del informe de los guardias civiles y las expectativas de la magistrada no debe impedir la admisibilidad de la prueba. Critica que las afirmaciones que ella ha expuesto para rechazar pruebas son categóricas y más propias de un auto de apertura que de uno que inadmite evidencias.
