SEVILLA, 18 de octubre (EUROPA PRESS) – La memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía ha reportado en el ejercicio 2024 un total de 75 expedientes de reforma —un procedimiento penal que se inicia cuando un menor de entre 14 y 18 años comete un presunto delito— relacionados con casos de acoso escolar. De estos 75 expedientes, 62 se concentran en Málaga, seguidos de 6 en Cádiz, 4 en Jaén y 3 en Huelva. Lamentablemente, no se ha registrado ningún caso en la provincia de Sevilla, donde el pasado 15 de octubre una joven —alumna del colegio concertado Irlandesas Loreto que había denunciado que era víctima de bullying— presuntamente se suicidó.
La actividad de la Fiscalía y la preocupación por el acoso escolar
En la memoria consultada, se indica que «todas las secciones de menores vienen a indicar, como se reitera memoria tras memoria, que la gran mayoría de los expedientes se resuelven vía solución extrajudicial». En el balance de la actividad desplegada por la Fiscalía Superior de Andalucía en 2023, la institución judicial expresó su preocupación por este tema.
Protocolo no activado en el caso de Sevilla
Respecto al último caso en Sevilla, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha informado esta semana que el colegio Irlandesas Loreto no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como le exige la normativa vigente. Además, se ha indicado que se derivará a la Fiscalía toda la información del caso y se abrirá un expediente administrativo para depurar las posibles responsabilidades.
Medidas del Gobierno andaluz ante el acoso escolar
En relación con las medidas que despliega la Junta ante este tipo de conductas, la Administración ha defendido la «eficacia de los protocolos». La Consejería registró 2.700 activaciones del protocolo de acoso escolar en el sistema público Séneca durante el curso 2022/2023, de las cuales medio millar se confirmaron finalmente como acoso.
Obligaciones y procedimiento del protocolo de acoso
El protocolo establece que «cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso». En cualquier caso, el receptor de la información deberá informar al director o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.
Una vez recibida la comunicación, «se reunirá el equipo directivo con el tutor de los alumnos afectados y la persona responsable de la orientación para recopilar información, analizarla y valorar la intervención correspondiente». Dicha reunión debe ser registrada «por escrito», especificando la información recogida y las decisiones adoptadas. «En todos los casos en que se estime que puede existir acoso escolar, se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación», añade el documento.
Medidas de urgencia para proteger a las víctimas
Si se estima «necesario», se adoptarán «las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones», según el protocolo. Estas medidas incluirán garantías para la seguridad inmediata del alumno acosado, así como apoyo y ayuda específicas, y medidas cautelares dirigidas al alumno acosador.
Investigación abierta por el Defensor del Pueblo Andaluz
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha confirmado la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra el acoso escolar en relación con el trágico caso de la menor que se precipitó desde el balcón de su vivienda en Sevilla. La Defensoría ha elevado la queja a la autoridad educativa y ha hecho un llamado a la prevención ante las señales de acoso y violencia, afirmando que «los protocolos tienen que funcionar».
