MADRID, 12 de mayo. (EUROPA PRESS) – La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha solicitado el archivo de la denuncia presentada por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid sobre supuestas irregularidades en la gestión de hospitales públicos de concesión privada en la Comunidad de Madrid.
El procedimiento se abrió el pasado 5 de marzo de 2026, tras la denuncia de la portavoz socialista, Mar Espinar, quien alertó sobre posibles anomalías en la facturación entre hospitales públicos y centros de gestión privada.
Según un comunicado de la Fiscalía, la denuncia se basaba en un informe de auditoría de 2022 sobre las facturaciones correspondientes a 2018 entre el Hospital de Villalba -gestionado de forma privada- y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Este documento señalaba que, mientras las liquidaciones enviadas desde Villalba eran aprobadas en su mayoría, más de la mitad de las enviadas por el Sermas al hospital no obtenían conformidad para su cobro.
Además, la Fiscalía explica que el problema detectado está relacionado con deficiencias en la cumplimentación de las historias clínicas por parte de los profesionales sanitarios, lo cual es un requisito necesario para validar determinados cobros según el Manual de Facturación Intercentros.
La denuncia también hacía referencia a una información periodística publicada el pasado 10 de febrero, en la que se afirmaba que la Comunidad de Madrid había dejado de reclamar más de 71 millones de euros a hospitales de gestión privada desde 2017.
No obstante, el Ministerio Fiscal considera que no existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento. Entre los motivos destacados para solicitar el archivo, se señala que la denuncia no identifica actos concretos de gestión que puedan generar responsabilidad contable, ni aporta pruebas de un perjuicio real para las arcas públicas.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que las conclusiones de la denuncia extrapolan un caso concreto -la auditoría de un hospital y un ejercicio determinado- al conjunto del modelo de gestión hospitalaria privatizada, con el objetivo de promover una fiscalización general, algo que considera ajeno a la jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas.
