SEVILLA, 20 de octubre. (EUROPA PRESS) – La Fiscalía de Sevilla ha abierto dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio de una joven de 14 años, quien el pasado martes se precipitó desde una azotea tras haber sufrido acoso escolar, según han confirmado fuentes del Ministerio Público.
Detalles de los expedientes abiertos
Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene como objetivo evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.
Asimismo, las mencionadas fuentes han precisado que aún no se ha recibido el atestado policial relativo a lo ocurrido y que estos expedientes constituyen las primeras medidas adoptadas por la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos.
Documentación recibida y protocolos no activados
Este mismo lunes, el Ministerio Público ha recibido la documentación elaborada por la inspección educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía sobre el seguimiento del protocolo por acoso en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, donde estudiaba la menor que presuntamente se suicidó a causa del acoso escolar.
La Fiscalía ha tomado esta decisión tras informar la pasada semana de que el centro educativo no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como estaba obligado por la normativa vigente, según el organismo. En consecuencia, anunció que derivaría al Ministerio Público toda la información del caso y abriría un expediente administrativo para depurar las posibles responsabilidades.
Posibles consecuencias para el centro educativo
Durante la jornada, la Consejería de Desarrollo Educativo ha advertido que el colegio Irlandesas Loreto podría perder el concierto educativo «si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave» del mismo.
«Será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro es la que debe actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería. A partir de ahí, en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta», han explicado fuentes de la Consejería.
Investigación del Defensor del Pueblo
En este contexto, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, confirmó el pasado jueves la apertura de una investigación de oficio para conocer cómo ha funcionado el protocolo contra el acoso escolar en el caso de la muerte de la menor que se precipitó desde el balcón de su vivienda en Sevilla este martes.
El Defensor del Pueblo, por su parte, ha elevado la queja a la autoridad educativa y ha hecho un llamado a la prevención ante señales de acoso y violencia. «Los protocolos tienen que funcionar», ha remarcado.
