SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) – La Fiscalía Anticorrupción se ha ratificado este martes en la petición de una pena de un año de cárcel por un delito de cohecho para los tres acusados en la primera pieza del ‘caso Mediador’: Antonio Bautista, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa y Marco Antonio Navarro Tacoronte. Este caso investiga la búsqueda de contratos vinculados a la instalación de placas fotovoltaicas y cuyo juicio se ha celebrado en la Audiencia Provincial.
El fiscal Anticorrupción, Jaime Serrano-Jover, ha comentado en su discurso de conclusiones ante el Tribunal de Jurado que se han apuntalado todos los «indicios de actos corruptos», resaltando que este caso es como «una serie de Netflix», pero basada en «hechos reales».
Ha señalado que «no hay dudas» de la «naturaleza pública» de la FIIAPP y, por lo tanto, que el general estaba sujeto al ordenamiento del sector público, aparte de que el proyecto de El Sahel estaba reservado solo para generales del instituto armado.
En esa línea, ha dejado claro que un funcionario público «no puede aceptar regalos ni pedir regalos» y ve «impensable» que las relaciones que exhibe el caso se deban a contactos «entre amigos», como han sostenido las defensas.
«Le dieron regalos porque era general y tenía acceso a círculos de poder», ha indicado, subrayando también que al general le interesaba que a Bautista «le fuera bien» porque le iba a contratar cuando se jubilara.
«Yo te ayudo y tú me das», ha resumido como modus operandi de la relación entre Bautista y Espinosa.
El fiscal ha comentado que todo lo que dijo Navarro en la fase de instrucción se confirmó, hecho negado por las defensas, y que el viaje a Fuerteventura fue una «parodia», ya que «no tenía sentido» cubrir todos esos gastos para una entrevista de trabajo para un puesto de comercial cuya aspirante era la pareja del general —fruto de una relación extramatrimonial—.
Además, ha dicho que Espinosa usaba el despacho de la dirección general de la Guardia Civil en Madrid como un «escenario poderoso» y una «demostración de poder» para los empresarios, que quedaban «deslumbrados» y terminaban por «pagar comisiones» para acceder a contratos y servicios.
El fiscal ha apuntado que Bautista era «consciente» de que hacía «algo ilegal» y, pese a todo, no «logró nada». También explicó que empresas como Lopesan o el propio Miguel Ángel Ramírez no lo hubieran recibido sin la intermediación del general.
Serrano-Jover ha reconocido que no cuentan con «la foto del sobre ni la transferencia», pero ha defendido que con lo que hay es «suficiente», por ejemplo, comprobar cómo Espinosa recibe más de 1.500 euros, llega a pedir una tarjeta de gastos «hasta dos veces» o incluso, entre Bautista y Navarro se llega a hablar en los audios intervenidos de soborno.
La defensa de Bautista ha pedido al jurado que se centre en las «certezas» del caso, comentando que el empresario «actuó de buena fe» y «arriesgó tiempo y dinero» con el fin de lograr hacer negocios en las islas, pero cuando constató que no había «retorno», cortó la relación con Navarro Tacoronte, que apenas duró unos cuatro meses.
Se ha señalado que el primer contrato con Cicar, empresa de alquiler de coches, fue el «engodo» de Navarro, de ahí que se le empezaran a abonar cantidades a modo de colaboración comercial, la primera vía transferencia y después en metálico «porque lo pidió él», y se le pedían facturas para justificarlo porque el dinero se extraía de la cuenta de la empresa.
La caja de puros: «un detalle»
Se ha apuntado también que el regalo de la caja de puros «era un detalle, una atención», no un soborno, y se ha puesto como ejemplo que el expresidente de Valencia Francisco Camps fue juzgado por recibir dos trajes y acabó absuelto.
«Si ponen la mano en el fuego se pueden quemar», ha advertido a los miembros del Jurado, ya que «tienen que tener certezas» de que Bautista «daba dinero a Espinosa».
El letrado José Manuel Niederleytner ha dicho que Espinosa «facilitaba contactos» que además no tenían relación con la Guardia Civil y no ve nada «ilícito» en que el general quisiera asegurarse un futuro laboral al jubilarse.
Asimismo, ha explicado que «no hay ninguna prueba» de que Espinosa recibiera una tarjeta de gastos, describiendo a Navarro como una persona «tóxica» y culpando en todo caso a su cliente de «fiarse de la persona equivocada».
«Antonio Bautista ha sido una víctima colateral con daño familiar, laboral y reputacional», ha destacado.
La defensa de Espinosa ha pedido al Jurado que «mire bien las pruebas, quién pide y quién dice» y no entiende cómo la Fiscalía cree «a un embaucador y un manipulador», en referencia a Navarro, cuya declaración en fase de instrucción se produjo tras dos noches en el calabozo, aparte de que no tiene esa «elocuencia». «No junta cinco palabras seguidas», ha ironizado.
Asimismo, ha reiterado que en el momento de los hechos, Espinosa estaba en servicios especiales y no gozaba de la consideración de funcionario público, ya que tenía contrato con la FIIAPP, aunque recibía nómina de 300 euros mensuales de la Guardia Civil en concepto de trienios.
El abogado ha comentado que el fiscal quiere «criminalizar un asunto privado», pero los hechos «no son constitutivos de delito», pues las referencias al presunto soborno proceden de una conversación entre Bautista y Navarro, un «embaucador» que quería el dinero para él.
Asuntos internos de la Guardia Civil ‘exagera’
El letrado entiende que «lo normal» en el ámbito empresarial es tener contactos para hacer negocios, ha afeado al fiscal por querer forzar los hechos y a Asuntos Internos de la Guardia Civil que «exagere y saque cosas de contexto».
También ha dicho que tener dinero en efectivo «no es ningún delito», en referencia a los 61.000 euros que tenía el general en su casa, y que los 1.500 euros que recibió de Navarro no eran de Bautista, sino del propio mediador.
El abogado de Navarro ha comentado que «no se dan los elementos de cohecho» en la causa, ya que lo que él hacía era intermediar entre particulares para fomentar un negocio de placas solares y a partir de ahí, solicitaba su «contraprestación correspondiente».
De hecho, ha comentado que la relación comercial entre Navarro y Bautista fue «fructífera» en sus inicios, y por ello se le iban «abonando cantidades» que «en ningún momento» fueron entregadas al general.
El abogado ha insistido en que Espinosa no era funcionario y ha admitido que el empresario se haya sentido «frustrado y estafado» porque no salían adelante los proyectos, pero al igual que Navarro, ya que no recibía su compensación comercial.
Para el abogado, los hechos «son inocuos», aunque ha reconocido que grabar conversaciones, aunque avisara, es «éticamente reprobable», pero una forma de garantizar el cobro de sus emolumentos, dado que no tenía contrato con la empresa de Bautista.
Finalmente, ha pedido al jurado que no atienda a la declaración de Navarro en
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