MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo este miércoles a Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en una operación que también llevó al arresto de la exmilitante del PSOE Leire Díez y del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Fuentes de la investigación han confirmado que este mismo jueves los agentes están realizando registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, mercantil que según las pesquisas de la UCO está relacionada con Cerdán.
Por su parte, fuentes del caso informan que los agentes han registrado las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Los investigadores también se han personado en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa, donde han solicitado información.
Forestalia ha manifestado, mediante un comunicado, «su plena colaboración con las autoridades policiales y judiciales en las cuestiones en las que ha sido requerida», al tiempo que ha recordado que los hechos se encuentran bajo el secreto de las diligencias judiciales y, por ende, por mandato legal «no puede ofrecer información alguna relativa a los hechos». La compañía mantiene total normalidad en su actividad.
Dicha actuación corresponde a la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Los tres detenidos pasarán a disposición judicial este sábado a partir de las 10:00 horas ante el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, quien decidirá si los deja en libertad o los envía a prisión provisional tras tomarles declaración.
Las citadas fuentes indican que se han practicado 19 registros en varias provincias de España y que los delitos que se investigan son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Los registros y las detenciones forman parte de una operación en marcha que llevan a cabo los agentes de la UCO por orden del juez, en el marco de una causa que permanece bajo secreto de sumario y que ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.
