La jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que investiga el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el 18 de enero, donde fallecieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas, ha aceptado la personación de la Junta de Andalucía como actor civil en el proceso. Esta decisión ha sido confirmada por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes explicaron que dicha personación es parte de una diligencia de orden de la Letrada de la Administración de Justicia.
Aunque la Junta podrá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios ocasionados por el accidente, las fuentes han aclarado que no podrá solicitar pruebas ni realizar diligencias de instrucción. Este paso se enmarca en la decisión del Gobierno andaluz, que había solicitado personarse en las diligencias abiertas tras habilitar a su gabinete jurídico para llevar a cabo este proceso legal.
Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz del Gobierno andaluz, solicitó que «se llegue hasta el final de la investigación», subrayando que «se lo debemos a las víctimas y a sus familiares». La consejera enfatizó que el Gobierno de Andalucía «siempre estará a su lado», destacando la importancia de acompañar a las víctimas en este difícil proceso.
«Lo importante y lo urgente es que se conozca toda la verdad», afirmó España, quien vincula este trabajo legal con la creación de la figura del Comisionado de atención a las víctimas, un nombramiento que fue anunciado y ratificado en el Consejo de Gobierno celebrado el 18 de marzo en el municipio cordobés.
### Denegación de Otras Administraciones
La iniciativa procesal de la Junta de Andalucía en relación al accidente ferroviario de Adamuz se suma a los esfuerzos de otros gobiernos locales, como los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría. Estos municipios habían intentado asumir la acusación popular en el caso, pero su legitimación procesal fue cuestionada y finalmente denegada por el Juzgado de Montoro.
Este rechazo llevó a ambos municipios a presentar un recurso de reforma ante el propio juzgado; Punta Umbría ya ha tomado esta medida. Este paso es esencial para que puedan recurrir la negativa ante la Audiencia Provincial de Córdoba, en un afán por «agotar todas las vías legales» disponibles.
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