MÉRIDA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) – La Junta de Extremadura tramitará la subida salarial del 2,5 por ciento para este año acordada por el Gobierno central con los sindicatos para alrededor de 50.000 empleados públicos de la región «tan pronto» como el Consejo de Ministros apruebe la medida. Esta subida tendrá un impacto en las arcas regionales de unos 68 millones de euros.
Valoración de la Consejera de Hacienda
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha destacado la importancia de que la Administración central finalmente se siente a negociar esta subida con los agentes sociales, tras «muchos meses de inacción y de no valorar realmente lo que hacen los empleados públicos». Manzano ha subrayado que, a pesar de que la medida debe ser aprobada primero en el Consejo de Ministros y luego en el Consejo de Gobierno autonómico, la expectativa es positiva.
Impacto Económico de la Subida Salarial
Manzano ha apuntado que, aunque aún no se puede concretar una fecha para el cobro de esta subida, sí que supondrá un impacto significativo en las cuentas de la Junta, estimando que será de unos 68 millones de euros, lo que representa 16 millones de euros más en comparación con la cifra de subida del 2 por ciento previamente presupuestada por la Junta.
Beneficiarios de la Medida
Esta mejora salarial beneficiará a alrededor de 50.000 empleados públicos, con montos que dependerán del salario base de cada uno. Manzano ha enfatizado que «en cuanto» se apruebe formalmente la medida en el Consejo de Ministros y la Junta haga lo propio en Consejo de Gobierno, «se abonará» el incremento correspondiente.
Foro sobre Constitución y Estatuto de Autonomía
Estas declaraciones se produjeron antes de que la consejera participara en un foro sobre ‘Constitución y Estatuto de Autonomía’, organizado por el periódico HOY, donde se han abordado temas relevantes para el contexto autonómico.
Rechazo a la Senda de Estabilidad Presupuestaria
Por otro lado, al ser preguntada sobre el rechazo en el Congreso a la senda de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del Gobierno para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, Manzano defendió la negativa a la propuesta planteada por el Ejecutivo nacional a las comunidades autónomas (CCAA), considerándola «totalmente injusta».
