VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) – El Fiscal Anticorrupción, Tomás Herranz, ha defendido la legalidad de la investigación contra trece encausados en el caso de la ‘trama eólica’, que involucra a ex altos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios. A estos se les imputan diversos delitos por haberse concertado entre 2000 y 2015 para lucrarse con el proceso de autorización de parques eólicos. Herranz también ha rechazado la prescripción de los delitos que invocan los presuntos implicados, en particular el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, quien, según el fiscal, ha mantenido una conducta delictiva de manera continua.
Durante el primer día del juicio, las defensas presentaron una serie de cuestiones previas, demandando la nulidad de las actuaciones basándose en un informe del inspector de Hacienda, Juan Tocino, fechado el 30 de diciembre de 2014, el cual originó la causa penal. A su vez, reclamaron la prescripción de todos los delitos imputados. Sin embargo, el fiscal y las acusaciones han solicitado que se desestimen estas peticiones, pidiendo al tribunal que no tome decisiones previas al inicio de la prueba testifical y que espere hasta la valoración de la prueba para pronunciarse.
«La actividad de Rafael Delgado es de continuo… está delinquiendo todo el tiempo, desde el año 2004 hasta el último acto de blanqueo de capitales que se le imputa», expresó Herranz. En su argumentación, ratificó la validez del informe de Tocino y aclaró que este no vulneraba ningún derecho fundamental. Agregó que el informe había sido aprobado por los servicios jurídicos de la Agencia Estatal Tributaria, lo que justificaba su remisión al fiscal.
Rechazo a la Prescripción de Delitos
Sobre el delito de cohecho que se imputa a Delgado, el fiscal puntualizó que existen indicios de un acuerdo entre Iberdrola y representantes de la Junta, gestionado por el propio Delgado bajo instrucciones del anterior consejero, Tomás Villanueva, y con la participación del representante de la eléctrica, Ricardo Bravo. Se argumenta que no han transcurrido los quince años necesarios para la prescripción de los delitos.
Una Denuncia Legal y Obligatoria
En la misma línea, la abogada del Estado, en representación de la Agencia Estatal Tributaria, ha sostenido la legalidad del informe que llevó a la apertura de la causa penal. Ella lo definió como «una denuncia que se deriva de una obligación legal» y añadió que, aunque el proceso pudiese contener algunas anomalías, su contenido era suficiente para la persecución de delitos. «Esa denuncia ha resultado cierta y los hechos han sido acreditados en la fase de instrucción», subrayó.
Además, explicó que se habían detectado hechos que llamaron la atención por el flujo monetario y la anormalidad de las relaciones comerciales entre las partes involucradas.
Acusaciones de Organización Criminal
Las acusaciones particulares finalizaron la fase de previas defendiendo su legitimidad en el procedimiento, alegando que las empresas que representan han sufrido perjuicios económicos debido a la «trama». Así lo expresó el letrado de Enersol, quien destacó que dicha situación había llevado a la paralización de los parques eólicos que pretendían desarrollar.
La Federación Ecologistas en Acción, que actúa como acusación popular, solicitó al tribunal que desestimara las pretensiones de las defensas de anular el proceso y prescribir los delitos. El letrado de NR 33 calificó a los imputados de «organización criminal» con roles bien definidos, aunque este término fue excluido en las resoluciones iniciales del juicio.
Un Juicio Penal, No Político
La Audiencia de Valladolid resolvió algunas de las cuestiones previas, rechazando la nulidad del proceso bajo la teoría de ‘fruto del árbol envenenado’. También unificó en uno de los letrados un total de ocho acusaciones particulares, afirmando que sus acusaciones eran idénticas y que su representación separada no estaba justificada.
Asimismo, el tribunal desestimó la petición de Rafael Delgado para incorporar a la causa los diarios de sesiones de las Cortes de dos intervenciones de Tomás Villanueva en 2006 y 2008 relacionadas con la legalidad de los procedimientos para la instalación de parques eólicos.
El magistrado presidente dejó claro que no permitirán que el juicio se desvíe hacia un ámbito político: «No estamos ante un juicio político sino ante un juicio penal contra personas que se imputan delitos concretos».
La vista oral se reanudará el próximo 6 de octubre, comenzando la fase de pruebas testificales, en la que se espera la comparecencia de más de ochenta testigos en la sala de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid.
(EUROPA PRESS CASTILLA Y LEÓN)
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